Piden organizaciones respetar plazos de comisionados de Instituto de Transparencia de Oaxaca

Oaxaca de Juárez.– Organizaciones sociales y cámaras empresariales y organismos de la iniciativa privada se han sumado al rechazo a la reforma al artículo 114 constitucional en materia de transparencia propuesta por la bancada de Morena y aprobada por el Congreso de Oaxaca con 28 votos a favor, con la cual desaparece el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) y nace el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno.

Dicha modificación a la Constitución del Estado de Oaxaca también contempla aumentar el número de integrantes de su Consejo General de 3 a 5 personas comisionadas y mandata crear un nuevo marco legal en un plazo de 60 días.

Pese a ello, tanto organizaciones como órganos empresariales expresaron su preocupación respecto a los alcances de dicha reforma.

Al respecto, la organización no gubernamental Artículo 19 indicó que dicha reforma constitucional “crea un precedente preocupante y genera incertidumbre en términos de los procesos de designación y la continuidad institucional de un organismo autónomo garante de derechos humanos”.

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Lo anterior, consideró, porque se abre la puerta a una “potencial captura política del IAIP”, dado que cualquier medida que busque “minar su autonomía o establecer mecanismos de control político impacta seriamente en el ejercicio de los derechos de las personas”.

Artículo 19 señaló que los esfuerzos legislativos deben apuntar a fortalecer a las instituciones independientes y autónomas en lugar de a su debilitamiento.

Además, consideró que la designación de las personas que asumen responsabilidades públicas, como las de transparencia, son un mecanismo para garantizar la autonomía de estas instituciones, por ello señaló que los procesos de designación deben cumplir con altos estándares de transparencia, participación y rendición de cuentas que garanticen la idoneidad de los perfiles designados.

Detalló que se debe privilegiar la trayectoria, los conocimientos, la autonomía, la imparcialidad y la independencia de los perfiles, pues las designaciones se convierten en un medio fundamental para que ”las decisiones de quienes quedan al frente de las instituciones públicas sean a partir de la capacidad y el mérito de las trayectorias y no de cuotas partidistas o la cercanía política”.

Recordó que desde hace años, las organizaciones han trabajado para impulsar cambios normativos y prácticas que frenan la repartición de cuotas y la captura política de las instituciones y han insistido en la necesidad de contar con una Ley General de Designaciones Públicas que asegure nuevas reglas y procedimientos para estos procesos.

Ante ello, pidió a los diputados del Congreso de Oaxaca respetar los plazos de las personas comisionadas ya en turno y garantizar “procesos de designación imparciales, transparentes y participativos para nuevos comisionados”. Así como a construir la nueva ley mediante parlamento abierto y recuperando los avances normativos que se han construido en materia de transparencia y designaciones públicas.

A su vez, en un documento firmado por 13 organizaciones empresariales se le pide al gobernador Alejandro Murat vetar las reformas constitucionales que extinguen al Comité de Participación Ciudadana (CPC) y del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIPO).

Entre las organizaciones firmantes están la Asociación de Hoteles y Moteles de la Verde Antequera, Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Oaxaca, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Oaxaca, Cámara Nacional de la Industria del Mezcal A.C. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Confederación Patronal de la República Mexicana, entre otras.

En el documento condenaron las modificaciones realizadas por los diputados a la Constitución de Oaxaca y anunciaron que organizaciones empresariales y de la sociedad civil están listas para emprender acciones legales que impidan la vulneración de las funciones del Instituto de Transparencia y del Comité de Participación Ciudadana, pues consideran que son “instituciones clave en el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas en Oaxaca”.