Oaxaca.– Ante la falta de mecanismos institucionales que garanticen la disponibilidad de personas intérpretes y traductoras con el perfil adecuado, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil (Cepiadet) propone la creación de registro único de intérpretes y traductores, además de un tabulador de pagos.
Con una población de 2.7 millones de personas que se consideran indígenas, es decir, el 69% de la población total del estado de Oaxaca, el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI) del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) apenas tiene un registro de 251 personas que prestan servicio de intérpretes y traductores en distintas áreas.
Mientras que la Dirección de Periciales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca tiene un registro a 413 traductores e intérpretes en lenguas indígenas y peritos “para garantizar el debido proceso en los juzgados”, señala en su página oficial, sin especificar sin las personas también son los mismos que reporta el Panitli.
Además, distintas organizaciones con atención al derecho lingüístico reportan otros datos menores. En este contexto, recientemente el Cepiadet presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de Oaxaca para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca en materia de derechos lingüísticos.
La iniciativa propone incorporar un nuevo capítulo denominado “De los Derechos Lingüísticos”, integrado por los artículos 72 al 81, en donde se plantea la creación del Registro de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas de Oaxaca (RITLIO), como instrumento oficial para la asignación de estos servicios en las dependencias y entidades públicas.
“Con ello se busca garantizar que las personas indígenas y afromexicanas puedan acceder a la jurisdicción estatal y a los servicios públicos en la lengua de la que sean hablantes, tomando en cuenta sus especificidades culturales”, indican.
Explican que, para la integración de esta iniciativa, se prevé la colaboración y coordinación con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y otras instancias gubernamentales.
Con el planteamiento también buscan establecer un tabulador oficial de pago a los prestadores del servicio de interpretación y traducción, que garantice pagos dignos, equitativos y progresivos, de acuerdo con la especialidad técnica, la variante lingüística y la complejidad del servicio.
“Desde el Cepiadet, reiteramos que garantizar los derechos lingüísticos requiere reconocer y fortalecer el trabajo de las personas intérpretes y traductoras, asegurar su formación y profesionalización, y establecer condiciones dignas para el desempeño de su labor”, agregaron en la entrega de la propuesta.