Denuncian responsabilidad del IMSS en el suicidio de una enfermera y su hija en Oaxaca

Familiares e integrantes de organizaciones sociales afirmaron que hay responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el suicidio de la enfermera Areli Saraí Martínez Domínguez y de su hija menor de edad, el pasado 1 de mayo de 2026 en la ciudad de Oaxaca.

En conferencia de prensa, explicaron que un día antes de su fallecimiento fue notificada de su despido; además, la institución tenía conocimiento que sufría un padecimiento de salud mental.

Saraí Martínez y su hija Evolet, de ocho años de edad, fueron encontradas muertas en el interior de una vivienda ubicada en la agencia municipal de San Martín Mexicapam, de la capital del estado, el pasado 4 de mayo de 2026, es decir, cuatro días después de su fallecimiento.

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Este hallazgo ocurrió tras una alerta de los vecinos a las autoridades y, posteriormente, la Fiscalía General de Oaxaca informó que se trató de un suicidio.

Una mujer con vocación

Esta tarde, la familia e integrantes de organizaciones sociales ofrecieron una conferencia de prensa con el objetivo de que la muerte de ambas sea reducida “a un titular policiaco, a una etiqueta criminalizante o al instante más oscuro de una vida atravesada por padecimientos de salud mental conocidos, diagnosticados y documentados por instancias públicas de salud”.

“Saraí fue una mujer de profunda vocación que, con mucho esfuerzo, estudió y trabajó al mismo tiempo hasta titularse como Licenciada en Enfermería en la Universidad de la Sierra Sur de nuestro estado; inició su vocación en el campo de la enfermería comunitaria en las comunidades indígenas de San Juan Yaeé y Estancia de Morelos en la Sierra Juárez de Oaxaca, hasta llegar a ser enfermera hospitalaria”, relataron.

También, contaron que Saraí fue madre en el año 2017 y se hizo cargo sola de su hija Evolet. En el 2018, ingresó a trabajar en el IMSS en el Hospital General de Subzona No. 41 en Santa Cruz Huatulco. Su madre la acompañó para ayudarla en el cuidado de su hija, entonces una bebé.

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Para el año 2020, se ofreció como voluntaria en la primera línea de cuidado para la atención de pacientes con Covid-19. En 2021 fue trasladada al Hospital General de Zona No 1. Dr. Demetrio Mayoral Pardo.

La sobrecarga de trabajo

“El cambio fue devastador de atender a cinco pacientes por noche, paso a atender más de 15. No poderles brindar la atención de al menos acompañarles a morir a varios pacientes por noche, la devastó por completo”, aseguraron. Durante varios años más continuó trabajando en este hospital.

De acuerdo con la familia y las organizaciones, Saraí padecía ansiedad, depresión, distimia y síndrome de burnout, padecimientos que fueron diagnosticados por médicos del propio IMSS.

Cuando una institución conoce padecimientos graves de salud mental y advertencias clínicas de riesgo, señalaron, no puede tratar a la persona como empleada problemática, carga administrativa o trabajadora simplemente "apta" para seguir hasta quebrarse.

El 17 de marzo de 2026, a Saraí le fue rescindida la relación laboral con el IMSS y el 30 de abril de 2026, en audiencia conciliatoria, se le reiteró su despido definitivo. Al día siguiente ocurrió la tragedia.

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“Estos hechos no pueden analizarse de manera aislada, ni como simples trámites administrativos. No afirmamos que un solo acto explique toda la tragedia. Lo que afirmamos es que, cuando existe riesgo clínico conocido, cada decisión institucional tomada alrededor de esa persona debe ser revisada con máxima seriedad. La rescisión de una trabajadora con padecimientos graves de salud mental no puede separarse del contexto médico, laboral y humano en que se encontraba”.

Por ello, rechazaron cualquier narrativa que reduzca a la vida de Saraí y su hija en la que sea juzgada únicamente “desde el momento más oscuro de su enfermedad, menos aun cuando existían antecedentes clínicos, laborales e institucionales que exigían atención urgente”.

Exigen al IMSS que no se repita el caso

En la conferencia de prensa, se pronunciaron porque en el IMSS existan medidas reales de no repetición y protocolos verificables de detección, atención, seguimiento y protección de la vida y salud mental del personal del IMSS, con intervención médica, psicológica, psiquiátrica, laboral y sindical coordinada.

Y que se revise la actuación sindical sobre qué acciones concretas realizó la representación sindical para defender, acompañar y proteger a una trabajadora sindicalizada en riesgo. Y las que ha realizado después de su fallecimiento.

Asimismo, se pronunciaron para que los medios de comunicación, los cuerpos policiacos y judiciales ejerzan con ética su profesión, “por la filtración de datos, la difusión de la nota roja, la búsqueda de likes y vistas no pueden estar sobre la dignidad y el sufrimiento ante la tragedia humana”.