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Por ello extrabajadores se han reunido con el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, quien se comprometió a revisar carpetas y a apresurar la investigación.
“Nuestro expediente se quedó estancado desde octubre, porque los Amigos del Museo intentaron desconocer a siete de los 11 demandantes, y argumentaban que los cuatro restantes, renunciaron de manera verbal. Para ello, consiguieron cuatro testigos, pero tres desistieron, mientras que uno se encuentra ausente e ilocalizable desde entonces”, explica Cecilia.
Tras el nombramiento del nuevo presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje , se ordenaron diligencias para localizar al testigo ausente en Xoxocotlán, donde radica; no obstante, el caso permanecerá congelado hasta entonces.
Sobre los señalamientos del presunto desvío del al menos 4 millones de pesos entregados por el gobierno estatal al Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO) Cecilia Mingüer Vargas explica que lo que hacía la administradora del recinto era comprobar con facturas y fotografías que los recursos estaban siendo destinado al museo. Y aclara que desde un principio, el recurso público se usaba para pagar la nómina.
En 2019, la entonces secretaria de Cultura, Adriana Aguilar solicitó a la asociación que el recurso estatal de ese año se usara únicamente para los programas del museo y no para uso operativo, como sueldos, luz, teléfono y papelería.
Lo anterior se estableció tras cinco reuniones; no obstante, José Luis Bustamante confiaba de que el secretario de administración le ayudara para que la comprobación se hiciera con el pago de nómina.
“Tanto la administradora como yo les hicimos ver que no íbamos a poder comprobar esos recursos. La gestión, comprobación y recopilación de firmas, dependía de la administración del museo”, indica. Y es por ello sostiene que la asociación quiere deslindarse de responsabilidades y “buscar un chivo expiatorio”.
Ante el inicio de la nueva administración estatal, los extrabajadores se han reunido con el titular de la Secretaría de las Culturas y Artes, Víctor Cata, así como con el Consejero Jurídico, Geovanny Vásquez Sagrero.
Aunque la competencia del gobierno estatal es limitada, pues la administración del museo recae en la asociación civil, la exdirectora reconoce que el nuevo gobierno ha sido receptivo, mientras que en la administración pasada, recibían amenazas de funcionarios.
“Nos preocupa que la asociación se acerque al gobierno para intentar convencerlos de que ellos tienen la razón”, agrega.
Al respecto Víctor Cata, actual titular de Seculta, puntualiza que la dependencia no es la parte patronal, pero ha sido respetuosa con las partes.
“Hemos cumplido con brindar vigilancia y el pago de la luz. estamos esperando que se regularice para reactivar la entrega de recursos para sus actividades”.
Con información de Fernando Miranda.
