En su intervención el fiscal dijo que la procuración de justicia eficiente es una manera en cómo el Estado se desenvuelve para cuidar a las personas defensoras de derechos humanos, y por lo mismo, una exigencia que resulta impostergable atender.
Rodríguez Alamilla aceptó que la impunidad en los casos de personas defensoras de derechos humanos incentiva las agresiones contra ellas y ellos.
Para abatir la impunidad, aseguró que se ha iniciado un proceso de reingeniería institucional en la Fiscalía General del Estado, y entre esas acciones se encuentran el desarrollo del Protocolo de Actuación Ministerial para la Investigación de Delitos cometidos en contra de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Ese protocolo, apuntó, se construyó con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil y contempla la trilogía investigadora: Ministerio Público, Servicios Periciales y Agencia Estatal de Investigaciones en delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos.
“A través de este instrumento se hace uso de las herramientas necesarias para la protección de personas defensoras, al establecerse las medidas de prevención y urgentes, en colaboración con el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
Asimismo, mencionó la creación de la Unidad Operativa Especializada en Materia de Delitos cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos, con la que buscan atender con mayor eficacia y celeridad los delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos.
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