Tres presidentas y un presidente municipal de Oaxaca incurrieron en violencia política de género
En todos los casos, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dictaron medidas de reparación integral a favor de todas las víctimas.
Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) resolvieron que tres presidentas municipales y un presidente municipal cometieron violencia política en razón de género contra regidoras.
La presidenta municipal de Matías Romero Avendaño, Obdulia García López, ejerció violencia contra la Síndica a quien obstruyó el ejercicio de su cargo, basado en la omisión a la actora como representante de asuntos de la hacienda pública municipal, incumpliendo el artículo 34 del Bando de Policía y Gobierno de Matías Romero Avendaño, “lo cual genera un impacto desproporcionado basado en género”.
En su sentencia, los magistrados destacaron la reiteración del acto por parte de la presidenta municipal al seguir obstruyendo el ejercicio del cargo de la actora, relacionándolo con determinaciones previas, en juicios anteriores.
Lorenzo Pérez Sánchez, presidente municipal de San Juan Lalana, incurrió en violencia política contra una regidora por sus acciones para invisibilizar a la concejal y quedó demostrado que no se atienden sus propuestas, no se le da respuesta a lo solicitado, tampoco se le convoca a sesiones de cabildo como lo establece la Ley Orgánica Municipal.
Esto “tuvo como finalidad vulnerar sus derechos político-electorales por ser mujer, además, del contenido del propio informe circunstanciado rendido por el secretario municipal se advirtieron manifestaciones que la denigran”.
En el caso de San Juan Lalana, los magistrados señalaron que quedaron acreditados los cinco elementos del Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres.
La presidenta municipal de San Miguel Chimalapa, Ceyla Cruz Gutiérrez, también ejerció violencia política en razón de género contra una regidora al no convocarla a sesiones de cabildo, la negativa de proporcionarle un espacio, de permitirle la observación y vigilancia de la administración, que no forma parte de ninguna comisión y no llamarla para integrar las actas de obras ejecutadas; se le ha invisibilizado y que ha sufrido violencia simbólica.
Mientras que Maricela Morales Gutiérrez, presidenta municipal de la Ciénega Zimatlán, cometió violencia política contra una regidora. De acuerdo con la sentencia, en la noche del 31 de agosto y 1 de septiembre de 2022, incurrió en agresiones de tipo verbal y físico en contra de la actora, y producto de la confrontación causada por un conflicto en el ayuntamiento.
En todos los casos, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dictaron medidas de reparación integral a favor de todas las víctimas.
