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El tribunal señaló que al tratarse de una universidad pública, los costos de inscripción deben ser gratuitos y ordenó a la UABJO devolver pagos anteriores hechos por el estudiante.
Al respecto, el rector puntualizó que esta no es la primera vez que un estudiante se ampara por no poder cubrir las cuotas que establece la universidad. “Lo importante es hacer ver que la universidad en este momento requiere de recursos extraordinarios para enfrentar estas situaciones”.
Carreño planteó la posibilidad de que el presupuesto que se asigna a la universidad se incremente paulatinamente, para poder financiar estos gastos: “Lo que ordenen y dicten los jueces, lo atenderemos”, dijo.
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Admitió que el “paripass”, es decir, el convenio de colaboración que la UABJO mantiene con los gobiernos estatal y federal para erogar los gastos, no es equitativo con respecto a los ingresos. “El subsidio que nosotros recibimos es mínimo, pero en la universidad se estableció un plan de austeridad que nos ha servido para descontracturar la economía universitaria”.
Actualmente, la UABJO enfrenta un déficit de 539 millones de pesos, deuda para la que el plan de austeridad ha sido útil.
