Ven ilegalidad del Congreso de Oaxaca en toma de protesta del nuevo fiscal; aún no renunciaba a DDHPO
La Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso local aceptó renuncia de José Bernardo Rodríguez Alamilla a la Defensoría de Oaxaca 13 días después de ser nombrado fiscal
Oaxaca de Juárez.- La activista Yésica Sánchez Maya, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, califica como grave que la 65 Legislatura del Congreso del estado haya tomado protesta como fiscal general a José Bernardo Rodríguez Alamilla, cuando los legisladores y legisladoras locales aún no habían aceptado formalmente la renuncia de éste a la titularidad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
“Es grave porque los diputados y diputadas violentaron el Estado de Derecho, en una violación al proceso para la designación del nuevo titular de la fiscalía y en un “descuido” u omisión que ha provocado que hasta este momento Rodríguez Alamilla ocupe dos cargos: fiscal general y defensor de Derechos Humanos”, explica.
“Es muy grave porque absolutamente se brincan un tema del Estado de Derecho, les vale queso el Estado de Derecho y entonces, ya mejor que echen abajo todos los procedimientos y que haya un tema de ingobernabilidad, porque si ellos que hacen la ley, no la respetan, qué esperamos del resto de ciudadanos y ciudadanas que les exigimos el respeto de la ley”.
El pasado 8 de febrero de 2023, la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca hizo público el dictamen en el que acepta la renuncia de Rodríguez Alamilla a la DDHPO, que tiene fecha del 7 de febrero de 2023, es decir, 13 días después de tomar protesta como fiscal general del estado.
Además, la renuncia todavía no está completa en el proceso legislativo, porque aún no había sido aprobada por la mayoría del pleno de la Cámara de Diputados local.
Además, el dictamen revela que Rodríguez Alamilla presentó su renuncia a la Defensoría el mismo día en que tomó protesta como titular de la Fiscalía General del Estado, es decir, el 25 de enero de 2023 cuando se recibió en la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso estatal el oficio número DDHPO/=D/016/2023 mediante el que presentó su renuncia al cargo como titular de la DDHPO.
“Sí hay una violación al proceso e, incluso, una ilegalidad grave de descuido del Congreso de este procedimiento que de por sí fue bastante oscuro, ahora esto lo evidencia más, de haber hecho un procedimiento fast track, pero ni siquiera cuidar la formalidad”, asegura Yésica Sánchez.
La abogada feminista sostiene que el pleno del Congreso de Oaxaca, formado por 42 diputados y diputadas, debió primero aceptar la renuncia de Rodríguez Alamilla y posteriormente tomarle protesta como fiscal.
“Tuvo que haber renunciado, no debió tomar protesta si no había renunciado a la Defensoría, es ilegal, estaría en dos puestos al mismo tiempo y capaz que hasta cobrando doble”, agrega.
Para la integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, no sólo se violó el proceso legislativo, sino que probablemente también se haya incurrido o se esté incurriendo en un delito que debe perseguir el Ministerio Público.
En específico, precisa, se trata de que hay un ejercicio ilícito del servicio público, el cual se castiga según el artículo 207 fracción III del Código Penal del estado de Oaxaca, ya que en estos momentos es fiscal y defensor al mismo tiempo; y, además, tomó protesta como fiscal, aún siendo defensor.
“Ahí el tema es el Congreso y ver si el Ministerio Público ve que hay algún delito para perseguirlo, porque es un tema de haber violado un procedimiento en el que no se puede dar por autorizado que renunció a un cargo, porque una comisión lo aprobó, ellos mismos tienen un mecanismo justamente para garantizar que no haya un descontrol de ejercicio de poder en el Congreso. Las comisiones tienen unas atribuciones hasta cierto límite, pero luego sus decisiones tienen que pasar al pleno para que sea validado por una mayoría legislativa”.
La Constitución Política de Oaxaca en su artículo 65 y la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 56 establecen que es obligación del Congreso del estado resolver todas las renuncias que por causa de urgencia presenten los funcionarios que deban hacerlo ante la Legislatura y nombrar provisionalmente a los sustitutos de los servidores públicos, cuyas renuncias hubiere aceptado.
“Seguramente ni siquiera se les pasó por la cabeza que eso tenía que suceder. Estaban tan apurados con el dedazo que no cuidaron la formalidad, tampoco es que iba a haber oposición, porque estaba planchado, pero efectivamente yo creo que esa prisa hizo que violaran la ley”, sentencia Yésica Sánchez.
