“Vi a mi agresor en la calle y el fiscal no me contestó”; pide abogada evitar violencia institucional contra María Elena

Oaxaca de Juárez.— María Elena Ríos Ortiz, la joven mixteca que sufrió un ataque con ácido sulfúrico el 9 de septiembre de 2019, así como sus familiares, quienes tienen calidad de víctimas indirectas, padecen una continua revictimización, al no encontrar respuestas diligentes, diligentes, oportunas y accesibles, por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, sostiene la doctora Diana Cristal González Obregón, quien es abogada penalista y asesora legal de María Elena.

La especialista, quien participó en la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales añade que María Elena también es víctima de criminalización, tras varias publicaciones que se han realizado por parte de los familiares de sus agresores, mismas que tienen por objeto atacarla e intimidarla.

“Como abogada defensora de ella, solicito que se sensibilice el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca en evitar violaciones institucionales y evitar las violaciones a los derechos de María Elena. El pasado 22 de febrero, el tribunal emitió una nota para anunciar la reapertura de los plazos de investigación, considerando como prioritario el caso de María Elena”, destaca.

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“Es lamentable que a más de un año de que sucedieron los hechos, la Fiscalía no ha ejecutado la aprehensión que queda pendiente”, dijo. “Ella ha vivido una constante dilación… Hemos percibido mucha oscuridad para que ella pueda conocer los avances de la investigación, que cabe sospecha de impunidad y acuerdos que afectan a María Elena como víctima”, agrega.

El Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 218 señala que “la víctima  u ofendido y su asesor jurídico, podrán tener acceso a los registros de investigación en cualquier momento”, no obstante, este derecho ha sido negado a la joven saxofonista, quien continuamente ha solicitado conocer los avances en el caso.

“Lo contrario sucede con las solicitudes de la defensa, que son resueltas en horas, a pesar de no asistirles la razón jurídica y cuando cuestionamos el hecho, no nos dan razones claras y con sustentos legales”, indica.

Foto: Mario Arturo Martínez

Recientemente, María Elena refirió haber visto en la calle al último de los señalados como responsables intelectuales del ataque en su contra, el hijo del exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, cuya aprehensión no se ha ejecutado, no obstante, pese a aportar datos en la investigación, la Fiscalía no dio seguimiento.

“El costo de ser víctima es muy elevado. La fiscalía era representada por una persona que no es empática, carece de compromiso social y profesional, que no le gusta, no quiere o no puede hacer justicia. Tuve la desdicha de ver a mi agresor en la calle, asustada, de inmediato le di aviso al fiscal, Rubén Vasconcelos (quien renunció al cargo este viernes), quien además de, como siempre, no responder mi llamada, tarde, respondió mis mensajes de una manera tajante y déspota con un: ya le dije que estamos trabajando en eso”, dice María Elena a EL UNIVERSAL. 

Ante ello la joven cuestiona si hay intereses o se deben favores. “¿Por qué no hay avances? Es increible que una sola persona profuga de la justicia, burle a un sistema de inteligencia. ¿En qué abonó el fiscal Rubén Vasconcelos al ser el vocero de los fiscales en el país si en su casa Oaxaca no se hace cargo, porque hasta para poder hablar, primero se aprende a escuchar. No me recibe mis llamadas ni me contesta mis mensajes, siempre me evade”, acusa entre lágrimas la saxofonista.

Se necesita intervención de la FGR

Diana Cristal González Obregón, quien presta sus servicios como abogada privada especializada luego que María Elena no encontrara cobijo en la Fiscalía local para otorgarle justicia y garantizar sus derechos en el caso, explica que tras el análisis de los hechos, considera necesaria la intervención en el caso de la Fiscalía General de la República (FGR). 

Sobre la reparación del daño, la penalista indica que el proceso ha avanzado pese a las omisiones de la Fiscalía, pues en el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que el ministerio público tiene la obligación de garantizar a la víctima la reparación del daño, no obstante, no lo hizo”, señala.

“Estamos próximos a realizar un avance de la investigación a través de los jueces de control de legalidad. Llegamos a un avance en el que el caso se va a resolver ante los jueces en audiencia, por eso pedimos que el caso se resuelva con perspectiva de género y tomando en cuenta el contexto de violencia en el que María Elena ha vivido tras lo sucedido. Asimismo, que se garanticen sus derechos y se evite la revictimización”, finaliza.