Mujeres activistas, luchar desprotegidas

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Isabel es precisa al colocar las agujas coreanas en el rostro de Diana, la tercera paciente del día en su pequeño consultorio ubicado a mitad del Callejón de Los Pescadores, en la Séptima Sección de Juchitán, consultorio que logró resistir el terremoto del 7 de septiembre, aunque no su casa.

Isabel tiene 45 años, hace más de 20 se dedica a sanar o apaciguar las dolencias del cuerpo con una serie de plantas medicinales, ungüentos y gotas que ella aprendió a preparar, gracias al dispensario médico de la Diócesis de Tehuantepec. La iglesia, sin buscarlo, la fue metiendo en los saberes de la medicina tradicional.

Su abuela, Inés Vinu, era famosa en la Séptima  Sección por preparar un jarabe para niños: “Jarabe Turú”; de ella también  aprendió el don de curar; muchos de los conocimientos herbolarios vienen de herencia familiar.

Con los años, Isabel perfeccionó los conocimientos sobre las propiedades de las plantas a través de talleres, cursos y  las eseñanzas de las monjas coreanas, quienes han asistido a la iglesia católica en el Istmo de Tehuantepec.

Isabel Jiménez Salinas es una de las pocas médicos tradicionales en Juchitán, además es defensora del territorio contra los proyectos extractivos, específicamente eólicos, por lo que posee medidas cautelares por parte del Estado mexicano desde el  año 2013, cuando fue amenazada y hostigada por defensores del parque eólico Bii Hioxho de la empresa Gas Fenosa.

Antes de la llegada de los  parques eólicos en Juchitán, Isabel practicaba, sin preocupación alguna, la medicina tradicional, pero todo cambió cuando la empresa eólica instaló sus aerogeneradores en el perímetro cerca de su rancho, espacio donde ella recolectaba  sus plantas.

“Hace buen rato que no voy por mi rancho, en mucho porque estoy amenazada por los guardianes de los parques, los mismos dueños de las tierras rentadas,  porque me opuse al proyecto desde el inicio. Yo no renté mi terreno, pero el vecino sí lo hizo; le pusieron una base de cemento que calienta su tierra y también la mía, ¿cómo va a dar así mi cosecha, mis plantas medicinales?” , explica Isabel, mientras coloca otra  serie de agujas  en las palmas de las manos y en los nervios de la cara de otra paciente.

 A principios de 2013  se unió a la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y con sus compañeros decidió  tomar la carretera rumbo a Playa Vicente para bloquear la entrada a las aspas eólicas. A raíz de esto comenzó con las  amenazas, pero el asunto se recrudeció en 2014 con la Consulta Indígena que la federación realizó en Juchitán para la construcción del proyecto de la empresa Eólica del Sur.

No sirven las medidas

Las medidas cautelares para Isabel consisten en la asistencia de elementos de la Policía Estatal en el momento que esté en  riesgo de ser agredida; pero  este beneficio no se cumple al 100% por diversas razones,  principalmente por  el argumento de los policías de  que no   acuden a su domicilio en una agresión por falta de personal  o de  insumos como gasolina. No obstante,  sí llegan puntual a su domicilio cada mes  por las firmas que deben tener para presentar a la fiscalía  y así justificar que cumplen con su obligación de  brindarle seguridad.

“No ha servido de mucho  las medidas porque ya teníamos el beneficio y en  2014, durante la Consulta,  me  vinieron a balacear el consultorio. Además, los policías siempre nos contestan  que no tienen personal para mandar. Eso sí,  les firmo sus documentos, en mucho, porque quiero que vean que estoy cumpliendo con mi parte, pero ellos no cumplen”, explica. 

Cinco mujeres “protegidas” 

Isabel no es la única de la APPJ que tiene medidas cautelares, también su compañera Carmen Ruiz Martínez,  a quien intentaron secuetrar   en   2013   los mismos persecutores de Isabel, sólo que ella casi no habla de su situación porque cada vez que eleva la voz las amenazas comienzan.

Por su parte, el  Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (ProDESC) asesora y acompaña  a por lo menos cuatro mujeres de Juchitán y Unión Hidalgo, quienes también poseen medidas cautelares.

Guadalupe Ramírez Castellanos y Lucila Bettina Cruz, estas dos mujeres  son las que están más  constantes en las mesas de Derechos Humanos. Elizabeth de la Cruz y Rosario Castellanos también tienen medidas y han participado en algunas mesas de trabajo, pero por cuestiones de trabajo e incluso de criminalización, revictimización y señalamientos han decidido no seguir en dichas  mesas.

ProDESC considera que  un dato importante sobre las medidas cautelares es que en años recientes estas  medidas  se han extendido a toda la comunidad, es decir, cualquier persona de Unión Hidalgo y Juchitán están protegidos por esta medida cautelar, como  consecuencia de querer ejercer  a la defensa de sus derechos y en especial a la tierra y el territorio.