Costo de delitos en Oaxaca supera los 10 mil mdp por año

Clara tiene una pequeña miscelánea en la colonia Miguel Hidalgo en la ciudad de Oaxaca, y aunque apenas está sobre un espacio de tres por dos metros y con poca variedad de productos, eso no impidió que fuera atractiva para los delincuentes.

Un asalto en el que la despojaron de su cuenta de 400 pesos fue suficiente para decidir invertir en un mecanismo de seguridad: gastó 3 mil pesos en una reja de metal para protegerse ella y su negocio. Al menos, dice, evitará que los ladrones entren a su tienda.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en Oaxaca el costo de delito asciende a más de 10 mil millones de pesos cada año, monto calculado a partir de lo que la inseguridad les cuesta tanto a los ciudadanos como a las empresas de la entidad. 

De acuerdo con la más reciente  Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre la Seguridad Pública, durante 2017 fueron los hogares de Oaxaca  donde se concentró  el costo de  la inseguridad y el delito, pues  alcanzó  un  monto equivalente a los 6 mil 421 millones 700 mil pesos.

En el caso de  las empresas, el costo fue  de 3 mil 814 millones 491 mil 872 pesos, cantidas que contempla, sobre todo, los gastos en medidas de protección y las  pérdidas a consecuencia del delito.

En suma, tanto para  hogares como para unidades económicas, el delito le costó a los oaxaqueños 10 mil 236 millones 191 mil 872 pesos, sólo en 2017.

Aunque ligeramente menor a la medición realizada en el año 2015, cuando el costo del delito ascendió a 10 mil 352 millones de pesos: 7 mil 198 millones en hogares  y  3 mil 154 millones para empresas, las cifras de 2017 indican que se trata de un fenómeno que se mantiene constante. 

En el año 2016, el Inegi  únicamente midió el costo del delito registrado en los hogares,  el cual  se ubicó en los 4 mil 713 millones 226 mil 182 pesos.

Pérdidas económicas

En los datos de 2017, las cifras más recientes, el costo para los hogares consistió en 59.7%   por pérdidas económicas a consecuencia del delito, 37% de ese dinero se utilizó en tomar medidas preventivas y  3.4%, en gastos por  consecuencias de los daños en la salud.

En tanto que las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares en Oaxaca de 2 mil 375 millones 700 mil pesos, como realizar acciones conjuntas con vecinos, colocar rejas o bardas, cambiar puertas o ventanas, cambiar o colocar cerraduras y/o candados y comprar un perro guardián.

Los datos se entienden si se considera que la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) señala que en Oaxaca  994 de cada 10 mil negocios fueron víctimas de robo “hormiga”, 775 de  robo o asalto de bienes o dinero; 607  de actos de corrupción; 537  fueron   víctimas de extorsión; 425  de robo total o parcial de vehículo, y  411 de  de robo de mercancía en tránsito.

Además,  383 de cada 10 mil fueron víctimas de fraude y 132  negocios  fueron víctimas de daños a instalaciones, maquinaria o equipo.

Por todas estas afectaciones 17.2% de los negocios víctimas de un delito cancelaron planes de crecimiento de su establecimiento (inversiones), 6.5% dejaron de comercializar o hacer negocios con otras empresas, 23.4% dejaron de manejar efectivo o se redujo su uso al mínimo en las instalaciones de su establecimiento, 23.7% redujeron los horarios de producción o comercialización de sus bienes o servicios, 1.8% cancelaron rutas de distribución o venta de sus productos y 2.5% de los dueños dejaron  de asistir al establecimiento.

Ola creciente

Rafael López Vega, integrante del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados federal, señala en su estudio “Los costos sociales de la (in)seguridad en México” que, no obstante, pese a   los esfuerzos hechos en un cuarto de siglo en reformas constitucionales, planeación del desarrollo, de diseño e instrumentación de estrategias, programas sectoriales y acciones en materia de seguridad nacional y seguridad pública, “seguimos experimentando, como sociedad, una creciente ola de inseguridad marcada por la continuidad de delitos de casi todo tipo”.

El desglose territorial de estadísticas básicas, indicadores simples e índices, afirma, coadyuvan a reintroducir la seguridad personal en el flujo central de una planeación del desarrollo que busca forjar el bienestar de las personas, las familias y del todo social.

Delinean, apunta, una parte de la historia del más reciente cuarto de siglo de la vida cotidiana en el país, en la que están presentes la pérdida del patrimonio, las lesiones físicas, la pérdida de la vida, una sensación permanente de vulnerabilidad frente a la criminalidad, así como la indolencia y fallas institucionales e interpersonales para forjar sentido de comunidad.

“La información siguiente da cuenta de la creciente ola de delitos, a través de las estimaciones de las millones de personas que año tras año, día tras día, son víctimas, a través también de las crecientes tasas de homicidios, principalmente de hombres, el incesante número de conflictos armados entre grupos delincuenciales de distintos tamaños y con el gobierno.

“Desplazamiento forzado de comunidades enteras, un conteo todavía impreciso de las desapariciones forzadas a lo largo del siglo XXI, una ola de feminicidios que no cesa, entre otras situaciones que trazan aún una ruta conflictiva en el arduo tema de los costos sociales de la inseguridad en México y signo de un proceso de anomía social cuyo significado, alcances y posibilidades de intervención aún son necesarias de encontrar”, resalta López Vega.