En tiempos de polarización social y política, de persistencia de diversas formas de exclusión, discriminación e intolerancia, de conflictos que derivan en situaciones de violencia, resulta fundamental insistir en la construcción de una cultura de los derechos humanos, que conduzca a nuevas formas de comprender e interactuar ante los distintos problemas sociales.

Las exigencias y reivindicaciones para la protección y defensa de los derechos humanos tienen hoy un asidero universal, no sólo en términos de legislación, de nuevos marcos jurídicos y de alcances de los acuerdos internacionales, sino porque invoca a la humanidad misma en el reconocimiento y respeto a los derechos de los otros como si fueran los propios. Asumirlos de esta manera constituyen retos para una ciudadanía más humanista y participativa en la vida democrática.

Las universidades como espacios privilegiados para la formación de ciudadanía tienen ahora posibilidades de afirmarse como referentes de erradicación de todas las violencias y los diferentes tipos de discriminación.

La formación en la cultura de derechos humanos no puede asociarse a una sola disciplina, sino observarse como materia para la formación común de todas e implica su transversalidad en los programas oficiales, pero sobre todo como una cultura que debe permear todas las formas de convivencia.

Las universidades se están convirtiendo en espacios oportunos para propiciar el diálogo entre la sociedad civil y las autoridades de distintos ámbitos, para alentar el activismo global en una escalada de alianzas proactivas que se reconocen en sus reivindicaciones.

Entre estos primeros eslabones que deben seguirse procurando resalta el trabajo de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, con el diplomado “Clínica de casos para la alta formación en derechos humanos”, realizado en 2018 en el marco del Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.

El trabajo se suma a los acuerdos entre la Defensoría Universitaria y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para abrir caminos de cooperación en favor de la reforma constitucional en la materia en México, realizada hace 9 años, la cual impone una nueva cultura que considera a la educación, investigación y difusión como imprescindibles en la formación de ciudadanía.

A la luz de los convenios internacionales se propone que desde la academia se asuman distintos roles: conceptualizar el alcance del acervo internacional en la materia; sistematizar casos articulando teoría y práctica, y promover foros y espacios de diálogo abierto con distintos actores sobre políticas públicas y programas gubernamentales en nuevos esquemas de seguridad.

Un rol privilegiado de la academia es comprender y contribuir al sistema como un todo. Los Estados tienen su visión; las ONGs y las víctimas, las propias, pero es importante construir un espacio común en derechos humanos más holístico e integral para poder medir su impacto, trascendencia y efectividad.

El enfoque debe ser colaborativo, que fortalezca alianzas interinstitucionales y civiles, propuestas de atención y agendas de investigación que complementen la cultura de derechos humanos y coadyuven a posicionar la cultura de paz. 

***Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca