El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en “barrer de arriba para abajo” como figura para describir su estrategia contra la corrupción y la necesaria transformación de la República. Y hay que llevar la escoba hacia todos lados, donde sea necesario, para limpiar cada institución, pero también para sacudir los recovecos del conjunto de relaciones institucionales donde existen vicios persistentes.

Muchos sectores en las universidades públicas observamos con optimismo este propósito que ya tiene un dispositivo de arranque: la plataforma de transparencia y rendición de cuentas, entre las que participan, en primera instancia, las nueve instituciones educativas que resienten en mayor medida problemas de carácter estructural y que han tenido dificultades para el cierre de sus ejercicios presupuestales.

Una plataforma que permitirá el seguimiento del buen uso de los presupuestos universitarios. El mecanismo resulta sumamente relevante no sólo como acción remedial, sino como una estrategia para la nueva cultura universitaria asociada a la transparencia. Y más aún, para convertir a las universidades en espacios vitales de formación de ciudadanía informada y participativa sobre derechos y responsabilidades en asuntos públicos.

El nuevo dispositivo de transparencia se presentó ante la opinión pública el pasado 7 de enero, con el acuerdo de rectores de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), que permitirá dar cuenta de los avances en el ejercicio del presupuesto y de las medidas que se implementan para contener erogaciones no autorizadas, producto de décadas de crecimiento desordenado.

La ventaja de la información de la plataforma es que permitirá el seguimiento público puntual y metódico de los presupuestos asignados; de hacer ejercicios comparativos y disponer de más elementos para analizar la situación particular de cada universidad, de lo que se ha avanzado, pero también de las dificultades de cada una y analizar cómo se pueden instaurar políticas y procedimientos de amplio alcance.

Hay problemas complejos como la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y jubilaciones, así como los pagos de plantillas y prestaciones no reconocidas que son identificadas como “desviaciones de recursos”, y que bien ameritan políticas de conjunto y adecuaciones de carácter normativo en términos de disciplina financiera y materia laboral.

La transparencia sistemática acompañada del diagnóstico integral que incluye al conjunto de auditorías en curso permitirá disipar especulaciones y ganar en confianza. De la misma manera se ganará al fortalecer el entramado de relaciones institucionales federales, estatales y organizativas para posicionar políticas que vayan en un sólo sentido, hacia el saneamiento de las universidades y que éstas cumplan la función sustantiva de brindar educación de calidad y equidad, adecuada a las exigencias de la transformación nacional.

Toca a cada institución difundir la información correspondiente entre autoridades y sindicatos para que en un plano de corresponsabilidad colectiva se facilite la toma de decisiones que garanticen la viabilidad institucional y financiera, con mayor sensibilidad en los distintos emplazamientos a huelga. Queda claro que ninguna universidad puede comprometer recursos que no disponga.

Hay expectativas alentadoras para que se imponga la prudencia y el ánimo constructivo entre los distintos actores para reivindicar el papel de las universidades, la sostenibilidad económica y sus aportes al desarrollo de cada entidad y de la nación. Bienvenida la transparencia, así como la necesaria y urgente coordinación entre federación, estados y universidades.

***Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana