Aulas temporales tras 7-S, caras y de mala calidad: ASF
Iocifed eligió, sin justificar, a empresa con oferta más alta.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que las aulas provisionales que se arrendaron para atender a los alumnos cuyas escuelas quedaron severamente dañadas por los terremotos de septiembre de 2017, se pagaron a sobre precio y estaban construidas con materiales de mala calidad.
En un reciente informe, la ASF señala que el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (Iocifed) suscribió tres contratos de arrendamiento de aulas prefabricadas; sin embargo, determinó que el instituto eligió a las empresas que ofertaron el precio más alto, pese a contar con propuestas más económicas.
También encontró que los materiales usados no eran de la calidad establecida en los contratos.
Con la renta de estas aulas provisionales se buscó restablecer las clases en municipios del Istmo de Tehuantepec cuyas escuelas, principalmente del nivel básico, sufrieron daños estructurales, totales y parciales, por los sismos del 7 y 19 de septiembre.
Se pagó de más
En octubre de 2017, apenas a un mes de la emergencia, EL UNIVERSAL dio a conocer que la renta de cada una de estas aulas costó 33% más cara que construir un aula tradicional diseñada para zonas con alta sismicidad, de acuerdo con datos oficales del propio Iocifed.
Según el catálogo Escuelas de Excelencia, una aula tradicional en zonas con alta actividad sísmica se presupuestaba en 321 mil 520 pesos, mientras que levantar los salones provisionales de PVC costó en promedio 426 mil 500 pesos por cada uno, según contratos a los que tuvo acceso este medio.
Esta cifra no contemplaba la renta de las estructuras prefabricadas con las que se armaron estas aulas.
Este material prefabricado, patentado como Royal Building Systems (RBS), se arrendó mediante cuatro contratos con los folios: CA/IOCIFED/001/2017, por 60.3 millones de pesos; el CA/IOCIFED/002/2017, por 51.6 millones; el CA/IOCIFED/003/2017, por un importe de 27.9, y el CA/IOCIFED/004/2017, por 11.7 millones. Hasta ahora, no se ha transparentado el nombre de las empresas.
Cuando la ASF revisó el contrato 002/2017 encontró que entre las tres empresas participantes, una presupuestó 26.5 millones de pesos por el servicio, mientras que la firma elegida por el Iocifed cobraba 44.4 millones; lo anterior, sin justificar los motivos por los que no se eligió la oferta más baja.
Sobre este contrato la ASF determinó que existían inconsistencias en su adjudicación, pues al precio original de los servicios, que era de 29.5 millones y contemplaba suministro, fabricación y montaje de 120 aulas provisionales, así como traslado de materiales, instalación y mano de obra, se le adicionaron otros 11.8 millones por la “logística de materiales” y 3.08 más por la “instalación de aulas”, conceptos ya contemplados inicialmente.
Por estos motivos el organismo asegura que el Iocifed realizó pagos injustificados de al menos de 14.8 millones, pero la diferencia entre el precio original y el monto pagado es de 22.1 millones de pesos.
Y no se cumplió. Algo similar ocurrió en el contrato 004/2017, porque las tres empresas participantes presentaron las siguientes propuestas económicas: 10.4, 11.6 y 11.3 millones de pesos.
El contrato finalmente se asignó a la empresa que cotizó el monto más bajo e incluía tres piezas de registro de lodos y registro sanitario, un kit de canaletas, sistema de separación de lluvias, salida de desague y reductor de turbulencia, elementos que no fueron instalados en los sistemas de baño.
Además, la ASF concluyó que faltó calidad de los materiales utilizados, y hubo malos trabajos en instalación de puertas y ventanas, así como instalaciones eléctricas expuestas. También detectó falta de transparencia en los procedimientos de adjudicaciones directas de todos los contratos de arrendamiento firmados entre las empresas y el instituto constructor.
