Aulas temporales tras 7-S, caras y de mala calidad: ASF

Iocifed eligió, sin justificar, a empresa con oferta más alta.

Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL
Especiales 01/04/2019 18:20 Juan Carlos Zavala Oaxaca de Juárez, Oaxaca Actualizada 18:25

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que las aulas provisionales que se arrendaron para atender  a los alumnos cuyas escuelas quedaron severamente  dañadas por   los terremotos de  septiembre de 2017, se pagaron a sobre precio y estaban construidas con materiales de mala calidad. 

En un reciente  informe, la ASF señala que el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (Iocifed) suscribió tres contratos de arrendamiento de aulas  prefabricadas; sin embargo, determinó que  el instituto eligió a las empresas que ofertaron el precio más alto, pese a contar con propuestas más económicas.

También encontró que los materiales usados no eran de  la calidad establecida en los contratos.

Con la renta de estas  aulas provisionales se buscó  restablecer las clases en municipios  del Istmo de Tehuantepec cuyas escuelas, principalmente del nivel básico, sufrieron daños estructurales, totales y parciales, por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

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Se pagó de más

En octubre de 2017, apenas a  un mes de la emergencia,  EL UNIVERSAL dio a conocer que la renta de cada una de estas aulas costó 33%  más cara que construir  un aula tradicional diseñada para zonas con alta sismicidad, de acuerdo con datos oficales del propio Iocifed.

Según el  catálogo Escuelas de Excelencia, una aula tradicional en zonas con alta actividad sísmica se presupuestaba  en 321 mil 520 pesos, mientras que levantar  los salones provisionales de PVC  costó en promedio 426 mil 500 pesos por cada uno, según contratos a los que tuvo acceso este medio.

Esta cifra no contemplaba la renta de las estructuras prefabricadas con las que se armaron estas aulas.

Este  material prefabricado, patentado como Royal Building Systems (RBS), se arrendó mediante cuatro contratos con los folios:  CA/IOCIFED/001/2017, por  60.3 millones de pesos; el CA/IOCIFED/002/2017, por 51.6 millones; el CA/IOCIFED/003/2017,  por un importe de 27.9,  y el CA/IOCIFED/004/2017, por  11.7 millones. Hasta ahora, no se ha transparentado el nombre de las empresas.

Cuando la ASF revisó  el contrato  002/2017 encontró que entre las  tres empresas participantes, una presupuestó 26.5 millones de pesos por el servicio, mientras que la firma elegida por el  Iocifed cobraba 44.4 millones; lo anterior, sin justificar los motivos por los que no se  eligió la  oferta más baja.

 Sobre este contrato la ASF determinó que existían inconsistencias en su adjudicación, pues al precio  original  de  los servicios, que  era  de 29.5 millones y  contemplaba  suministro, fabricación y montaje de 120 aulas provisionales, así como  traslado de materiales, instalación y  mano de obra,   se le adicionaron otros 11.8 millones por  la “logística de materiales” y 3.08   más   por la “instalación de aulas”, conceptos ya contemplados inicialmente.

Por estos motivos el organismo asegura que el Iocifed  realizó pagos injustificados de al menos de  14.8 millones, pero la diferencia entre el precio original y el monto pagado  es de 22.1 millones de pesos.

Y no se cumplió. Algo similar ocurrió en el contrato 004/2017, porque  las tres empresas participantes presentaron las siguientes propuestas económicas: 10.4, 11.6 y 11.3 millones de pesos.

El contrato finalmente se asignó a la empresa que cotizó el monto más bajo e incluía  tres piezas de registro de lodos y registro sanitario, un kit de canaletas, sistema de separación de  lluvias, salida de  desague y  reductor de turbulencia,  elementos que   no fueron instalados en los sistemas de baño.

Además,  la ASF concluyó  que faltó calidad de los materiales utilizados, y hubo malos trabajos en instalación de puertas y ventanas, así como instalaciones eléctricas expuestas. También  detectó falta de transparencia en los procedimientos de adjudicaciones directas de todos los contratos de arrendamiento firmados entre las empresas y el instituto constructor.

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