Por primera vez enjuician a particulares por el delito de desaparición

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A“R” sólo lo identifican las iniciales de su nombre y un número dentro de las estadísticas. Entre las 9:30 y 10 de la mañana, del 31 de mayo pasado, dos sujetos lo arrancaron del interior de un domicilio en Santa María Tonameca, en la Costa de Oaxaca, cuando platicaba con un  amigo.

Los dos hombres lo golpearon con un garrote y lo subieron a un taxi conducido por una tercera persona; desde entonces, está desaparecido.

Mientras esto ocurría, su amigo,  único testigo, corrió por temor a también ser víctima de los captores de “R”; no obstante, logró identificar a los tres plagiarios y gracias a su testimonio ante la Unidad Especializada en Desaparición Forzada (UEDF) de la Fiscalía General del Estado se detuvo a “J”,  taxista del sitio Tonameca e identificado como   uno de los presuntos responsables.

“J” ya fue vinculado a proceso, pero aún se espera que se ejecuten   las órdenes de aprehensión contra los   otros dos plagiaros.

El caso de “R” es el primero en Oaxaca donde un particular es imputado por  una desaparición, por lo que la entidad es la tercera del país  en llevarlo a cabo, tras la creación de la Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas, Desapariciones Cometidas por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, explica Emmanuel Cabrera Rodríguez, titular de la UEFD.

Con la creación de esta ley  el 17 de noviembre de 2017 y su entrada en vigor en enero de 2018,  las entidades están obligadas  a investigar dos clases de delitos: la desaparición forzada —cometida por algún servidor público o el Estado— y la desaparición llevada a cabo por particulares.

Se investiga delito

En Oaxaca, de 10 casos de desaparición que se denuncian sólo una se trata de secuestro y en cuatro de ellos son  particulares quienes las   cometen. Sólo de enero  a junio de este año la UEDF ha abierto 37 carpetas de investigación por este delito. No obstante, Cabrera Rodríguez acepta que esos números están lejos de reflejar   la realidad en Oaxaca, respecto a desapariciones cometidas por particulares.

En lo que va del año, febrero es el mes en el que se han denunciado más desapariciones, pues  en enero de este año se iniciaron ocho carpetas de investigación por personas que fueron “levantadas” y desaparecidas. En febrero la cifra fue de nueve, siete se registraron en marzo, ocho en abril, tres en mayo y dos en junio, de acuerdo con datos de la UEDF.

Cuatro de esos casos ocurrieron en Matías Romero, municipio del Istmo de Tehuantepec, región que  junto con la Cuenca del Papaloapan concentra la  mayor incidencia de este delito. Fue en la Cuenca, en San Miguel Soyaltepec, donde el 6 de abril desaparecieron seis jóvenes  de Tlaxcala, lo que originó una polémica entre los gobiernos de Veracruz y Oaxaca.

Quedaban impunes

El 10 de mayo, 21 días antes de la desaparición de “R”, el joven marino de 34 años, Bruno Alonso Avendaño Martínez, desapareció sin dejar rastro. La última vez que fue visto  era ayudado por una persona a manejar un camión de volteo y dos horas antes con su novia en su natal Santo Domingo Tehuantepec, donde se encontraba de vacaciones. Desde entonces no se sabe nada de él, salvo  que se considera desaparecido.

Como este marino, de acuerdo con los registros oficiales, en México existen más de 37 mil 435 personas desaparecidas. Lo más grave, dice el titular de la UEFD, es que antes de la Ley General todas estas desapariciones quedaban en la impunidad aun cuando se detuviera a los responsables, por una simple razón: el delito no estaba tipificado.

“Entonces, sólo nos limitábamos a la búsqueda de las personas y si se encontraba muerta se justificaba como homicidio o había que esperar que se pidiera un rescate para enviarlo al área de   secuestros; de lo contrario, no se podía sancionar”, explica.

Esta situación convirtió a las desapariciones “involuntarias”, o cometidas por particulares,  en el “delito de moda” en México y en Oaxaca.  La impunidad abrió el camino para el crimen y la  delincuencia organizada, cuyos actores advirtieron que era mejor no dejar rastro de las personas que asesinaban porque no existía castigo para ello, dice el titular de la UEDF.

“Lo que pasaba antes de la ley es que mientras no contáramos con el cuerpo no se puede ni siquiera iniciar una investigación por secuestro, ni por privación ilegal de la libertad, ni tampoco por homicidio, entonces los responsables quedaban en libertad; con la ley todo eso se cubre”.

Cabrera Rodríguez sostiene que ahí radica  la importancia de que Oaxaca sea la tercera entidad del país en la  que una persona es procesada por este delito. “Que sepan que una persona puede ser castigada aún y cuando no se encuentre el cuerpo de la víctima, y que puede alcanzar una pena de 25 a 50 años de cárcel”, destaca.

Pese a los avances, aún falta camino por cubrir, pues la  ley también obliga al gobierno de Oaxaca a crear dos instituciones: una Fiscalía Especializada en Desapariciones y al gobernador del estado, la creación de una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.  A seis meses de la entrada en vigor de la ley,  esta comisión no se ha creado y  sólo tres estados han  cumplido hasta ahora: Jalisco, Estado de México y Morelos.

Además, debe crearse un sistema de datos para concentrar en una sola base todos los casos de desapariciones y personas no localizadas, el cual apenas está en proceso.

Es por este atraso que el titular de la UEDF considera que la situación en Oaxaca por desapariciones cometidas por particulares es aún más grave de lo que se advierte en el número de carpetas.

En el caso “R”, quien aún no ha sido  encontrado, uno de los presuntos responsables de su desaparición, el taxista “J”, que fue  identificado plenamente, está vinculado a proceso. Las causas de su desaparición, según los avances en la investigación,   pueden estar relacionadas  con la delincuencia organizada en la Costa de Oaxaca, ya que la víctima presuntamente se dedicaba al tráfico de drogas.