IEEPO paga 19 mdp en rentas por abandonar edificio central
Quedó en desuso desde mayo de 2016 por las protestas de la Sección 22; personal del instituto se encuentra dividido en 53 inmuebles alquilados
Abandonado e invadido de basura quedó el edificio central del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que desde mayo de 2016 dejó de ser ocupado ante las constantes protestas de la Sección 22 del magisterio.
Un año y ocho meses después, el personal del instituto está disperso en 53 inmuebles rentados y el gobierno estatal informa que “no es una prioridad” volver a ocupar el edificio como oficina central, debido al proyecto de descentralización de los servicios educativos, que inició en julio de 2015 con la reestructuración del instituto, que buscaba quitarle el control a la Sección 22. “Las oficinas ya están dispersas en otros espacios, son funcionales”, señala el vocero del IEEPO, Jorge Oropeza, y asegura que además se busca fortalecer las 13 oficinas regionales del estado.
Habilitar 53 oficinas alternas fue la opción que encontró el IEEPO para evitar el colapso de los más de mil 500 servicios diarios que atendían y que constantemente eran suspendidos por las movilizaciones de la Sección 22. Como respuesta, el magisterio, desde finales de 2017, también abandonó el bloqueo a las oficinas centrales de Santa Lucía del Camino.
“El IEEPO tenía muchas oficinas alternas porque estaba acostumbrado a la toma del edificio (...) lo que se hizo fue habilitar estos edificios que se rentaban, ahora como oficinas fijas”, explica el vocero.
La renta de ese medio centenar de espacios cuesta al año más de 19 millones de pesos, pues el gobierno estatal gasta en ese rubro 1.6 millones de pesos al mes, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
Pero, aunque han huido de las protestas, éstas han llegado a las sedes rentadas. Sólo en 2017, aspirantes a docentes y sindicalizados bloquearon más de una decena de oficinas, donde se reportó el robo de documentación, equipo de cómputo y mobiliario. El gobierno estatal estima las pérdidas en 450 mil 700 pesos.
De noviembre de 2016 a diciembre de 2017, el IEEPO interpuso 20 denuncias ante la Fiscalía General, pero ninguna ha sido resuelta.
