Oaxaca con baja calificación en impartición y procuración de justicia

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Los censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) respecto a impartición y procuración de justicia estatal en el país —con cifras de 2017— revelan el estancamiento del nuevo Sistema de Justicia Penal en Oaxaca e incluso, según especialistas, una calificación reprobatoria.

Además, advierten las debilidades en el sistema y la falta de capacitación en las policías investigadoras y en los  ministerios públicos, así como el alto grado de impunidad en la comisión de delitos, que en territorio oaxaqueño es superior al promedio nacional, lo anterior  sólo considerando  los casos que se denuncian, y dejando fuera  aquellos considerados como cifra negra —los que no se denuncian— que se calcula  alcanzan  96%  del total de delitos.

Entre los principales resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia 2017, por ejemplo, se muestra que en el estado sólo 1.5%  de las demandas o causas penales que se iniciaron ese año llegaron hasta un juez de control o garantías y, a su vez, ingresaron a los juzgados o Tribunales de Juicio Oral.

Este porcentaje coloca a la entidad como una de las que tiene el menor número de casos que llegan hasta esas instancias a nivel nacional. En comparación con  entidades, como el Estado de México  que llega a  23% y   Michoacán con  10.4%, Oaxaca sólo se ubica por encima de entidades como Tabasco que tuvo sólo 0.3%.

María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa —con información de 2016— dimensiona así  la problemática en Oaxaca: “En el estado se conocieron 34 mil delitos que fueron denunciados y de esos se abrieron 23 mil carpetas de investigación (69%);de este total  solamente 31% concluyeron, es decir, de las 23 mil sólo 7 mil fueron concluidas”, explicó.

Archivado, más de la mitad

A ese bajo número de casos se agrega que muchos, al nivel de los ministerios púbicos, realmente no se están resolviendo, pues de esas 7 mil carpetas de investigación, 55%  se mandaron a archivo temporal y con ello ya se consideran como  resuelto.

“Pero enviarlo a archivo general no es resolver el delito o el conflicto, sino sólo se está postergando y en algún momento tiene que reactivarse; eso no es una buena estadística”, refiere la especialista.

A esto se suma, dice, que el índice de impunidad en Oaxaca está en un 95%, lo que significa que la efectividad en el sistema sólo es de 5%; por ello,  el estado ocupa el noveno lugar de las entidades del país con mayor impunidad, el promedio nacional es de 87%.

Para María Novoa que sólo 1.5% de las causas penales lleguen hasta un juez de control se debe a que  más de 50% de las denuncias se quedan en la Fiscalía General, como en un “cuello de botella” que refleja la falta de capacidades de investigación de los delitos, sobre todo cuando la mayoría de los casos que sí se llevan ante un juez de control o garantía se refiere a los casos en los que hubo flagrancia o hay un detenido.

Al respecto, la investigadora  opina que el estancamiento y retraso en la implementación del Sistema de Justicia en Oaxaca, pese a ser uno de los primeros estados en iniciar su aplicación,  se debió a los cambios de gobierno, pero principalmente a un problema de coordinación interinstitucional efectiva entre policías, seguridad pública, fiscalía y poderes judiciales, además de   una defensa pública fortalecida.

Descoordinación institucional

La coordinadora del Programa de Justicia refiere que el  éxito del sistema en su operación radica en una coordinación institucional efectiva, en la eliminación de vicios; malas prácticas, falta de supervisión y criterios claros por parte de las instituciones, desde los policías como primeros respondientes; equipos de investigación de delitos eficaces, profesionales y éticos.

Esto, explica,  con el fin de  abatir los rezagos en los asuntos en trámite, y que en los poderes judiciales se  cumpla con los principios de concentración y continuidad para que los casos se resuelvan de manera rápida.

El estándar son cuatro audiencias en promedio y los jueces recurren de ocho a 10 audiencias. “Por eso no hay que perder esta visión integral para que logremos tener resultados en el corto y mediano plazo”, puntualiza.

El especialista en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, José Luis Castellón, señala que el hecho de que pocos casos lleguen ante un juez de control es un fenómeno que puede ser preocupante, pero los números son insuficientes para conocer la realidad del sistema de justicia en México y en Oaxaca.

“Sí sólo 1.5% están llegando hasta un juez sí habría que ver porque en un primer caso las detenciones en flagrancia no están llegando hasta el control judicial porque la denuncias que no implican al detención de una persona y un delito, y que ameritan una investigación, tampoco están llegando a ese control judicial”, destaca.

Sin embargo, el especialista  afirma que el estudio del Inegi es una radiografía que refleja que hay un problema en la gestión e investigación de los casos, es decir, que sigue siendo la problemática central las capacidades de investigación de las personas que laboran en las instituciones de procuración de justicia, y en ese aspecto  es una cuestión que se relaciona directamente con la profesionalización de los actores.

 José Luis Castellón determina que tampoco se deben olvidar los factores sociales, económicos, culturales “y pretender aplicar un sistema de procuración así sin más, porque no va a funcionar”.