Desterrados, por no dar dinero a cambio de apoyos

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Desde hace más de tres años, los nueve integrantes de la familia De la Cruz Méndez viven en el exilio porque la asamblea comunitaria de Santiago Progreso, su localidad de origen, determinó que no tenían derecho a volver. Desde entonces, comenzaron una lucha por regresar que se empantana en los escritorios de distintas dependencias estatales.

La serie de agravios que mantienen a esta familia lejos de su hogar incluye privaciones ilegales de la libertad, abuso de autoridad y otras violaciones a sus garantías, mismas que son del conocimiento de la Fiscalía General del Estado, la Sala de Justicia Indígena del Poder Judicial y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). 

“Sólo hicimos lo que tanto nos dicen las autoridades: no dar dinero a nadie a cambio de los apoyos”, dice Florencia Méndez, quien en diciembre del 2013 se negó, por cuarta ocasión, a pagar 10 pesos para poder recibir la ayuda del programa Prospera; por lo que no se le entregaron los apoyos. 

Por esa retención de los recursos se  presentó una queja ante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y como respuesta la dependencia envió un escrito a las vocales de Prospera para que entregaran el apoyo a Florencia, de 76 años, lo que despertó la inconformidad de la población y desató toda la violencia contra su familia.

Reparar el daño

Santiago Progreso es una localidad indígena ubicada a unos 25 kilómetros de Valle Nacional, y donde sus 300 habitantes se rigen por usos y costumbres, por lo que es la propia comunidad la que sanciona cuando se comete una falta.

Eso es precisamente lo que sucedió con la familia De la Cruz. Como  castigo, por quejarse ante la  Sedesol, las vocales de Prospera determinaron que Fidel, el hijo de Florencia, tendría que pagar una multa de 300 pesos, pues fue a él a quien se responsabilizó de la denuncia. Al rehusarse a pagar, el 12 de febrero del 2014 Fidel fue retenido por 24 horas.  Luego de liberarlo, la comunidad le impuso otra multa por “involucrarse” en los asuntos de ese programa federal.

La familia De la Cruz Méndez acusa que también ha padecido el despojo paulatino de su patrimonio como tierras y ganado.

Amenazan linchamiento

Pero el acoso a la familia de Florencia no cesó. Domingo de la Cruz Méndez, otro de sus hijos, y quien fungía como secretario de la agencia de Policía, también fue detenido en agosto de ese año, pues se negó a realizar el acta de expulsión que algunos habitantes pedían para reparar el daño ocasionado por la queja ante Sedesol. También se le multó con mil pesos; salió en menos de 24 horas porque su hermano Dionisio pidió la intervención de la Fiscalía General.

Por esa intervención, la asamblea del pueblo, encabezada por el agente Emilio Guatemala, acordó entonces el arresto de Dioniso de la Cruz en septiembre de 2014. Aunque su detención no se concretó, se le impuso una sanción económica superior a los 14 mil pesos.

Ante la imposibilidad de la familia para saldar las multas que se acumulaban, el 25 de octubre la asamblea votó para retener una vez más a Fidel, hasta que se saldaran todas las sanciones, que ya ascendían a unos 17 mil pesos.

“Vamos a retenerlo, aunque corra sangre. La autoridad no ha venido y no hay justicia para el pueblo”, recuerda Fidel que le gritaba la multitud enardecida cuando lo llevaban al corredor de la agencia de Policía. Ahí lo rodearon y montaron guardias día y noche.

Destierro y despojo

Cuatro días después de la retención de Fidel, el 28 de octubre, las autoridades de Santiago Progreso lograron la expulsión de toda la familia. Ese día se esperaba la visita de personal de la Secretaría General de Gobierno (Segego), la Vice Fiscalía y la DDHPO para resolver el caso, pero nunca llegaron.

Armados con palos y machetes, un grupo de personas acorraló la vivienda familiar. Florencia y su hijo menor, Isaú, quien vive con discapacidad, fueron subidos por la fuerza a un vehículo oficial y a Irineo, su esposo, lo amarraron de los brazos para someterlo. La familia fue abandonada frente al palacio municipal de Valle Nacional.

Todo esto lo cuentan los hijos de Florencia desde el hogar provisional de sus padres en Santa Fe y la Mar, Valle Nacional. Explican que su caso está documentado en el Tribunal de Juicio Oral y Juzgado de Garantía de Tuxtepec, bajo la causa penal 033/2016. Además, figura en la Sala de Justicia Indígena del Tribunal superior de Justicia con el número JDI/01/2017, y en la DDHPO con el  folio  64/RCP/(26)/OAX/2015.

Como respuesta, la familia sólo ha recibido medidas cautelares, entre las que se ordena su reincorporación a la comunidad, pero a tres años de la expulsión, la población sigue aplazando las reuniones con la Segego para resolverlo.

La familia también ha enfrentado obstáculos como la ausencia de intérpretes que dominen el mazateco en el Poder Judicial, y la recomendación de autoridades como Gustavo Zúñiga, quien en 2014, cuando era coordinador de fiscales, les aconsejó pagar 100 mil pesos a la población para terminar con el problema.

Florencia dice que el tiempo en el exilio duele. Fuera de su comunidad nació su nieto y durante estos años ella, Irineo, sus cuatro hijos y  dos de sus nueras han padecido el despojo paulatino de lo que fue suyo: tierras y ganado.

Irineo cuenta que durante su ausencia en la comunidad han robado las  80 cabezas de ganado que poseían, fruto de 50 años de trabajo, y los han despojado de 70 hectáreas de tierras ejidales.

Por esos delitos en la fiscalía existen los legajos de investigación 170/ftux/b/2015 por despojo, abigeato y robo;  02953/ftux/b/2014 por privación ilegal de la libertad y despojo, y 02497/ftux/2014 por amenazas. Ninguna avanza.