La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una recomendación en la que acreditó “de la existencia de deficiencias institucionales y responsabilidades” de funcionarios de la Fiscalía General del Estado, en el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar.
De acuerdo con la recomendación 16/2026, estas “deficiencias” están principalmente relacionadas con la atención y seguimiento de los hechos denunciados por Alejandro Leyva.
Y entre los aspectos identificados se encuentra la falta de una investigación con la debida diligencia reforzada que exigía el contexto de riesgo de la víctima, así como deficiencias en la comunicación institucional, el seguimiento de la denuncia y la entrega de información solicitada por la DDHPO.
“Las agresiones contra periodistas afectan no sólo a las víctimas directas, sino también el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a recibir información”, se señala en la recomendación.
Este documento, informó el organismo, es resultado de la investigación por violaciones a los derechos humanos a la libertad de expresión, al acceso a la justicia en su modalidad de procuración, a la seguridad personal y al derecho a la verdad, en el contexto de las agresiones y amenazas que precedieron al homicidio del periodista.
La DDHPO detalla que en julio de 2025, Alejandro Leyva acudió ante este organismo para informar sobre diversas agresiones relacionadas con su labor periodística, entre ellas ataques en medios electrónicos, amenazas de muerte vía telefónica y actos de hostigamiento e intimidación.
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El periodista manifestó entonces su preocupación de que estas agresiones pudieran escalar y poner en riesgo su vida, por lo que se inició el expediente correspondiente y realizó de manera inmediata las gestiones ante autoridades federales y estatales para conocer el avance de las investigaciones, así también, la víctima presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el delito de amenazas.
Posteriormente, mencionó que tuvo conocimiento que la FGR determinó su incompetencia por razón de fuero, por lo que se remitió el caso a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, durante el seguimiento del caso, se documentó que la víctima desconocía el número de carpeta y la autoridad ministerial encargada de continuar con la investigación en la FGEO.
Sin embargo, en el mes de febrero del 2026 se tuvo conocimiento de que la víctima continuaba recibiendo amenazas de muerte, agresiones escritas, hostigamiento e intimidación mediante números telefónicos, para lo cual esta Defensoría solicitó nuevamente información a la Fiscalía sobre las acciones realizadas, sin obtener respuesta.
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Para dar seguimiento, dijo que la Defensoría solicitó en varias ocasiones la colaboración del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, para que conociera la situación de la víctima y, en su caso, fuera valorada su incorporación, sin obtener respuesta.
Finalmente, el 22 de julio de 2026 Alejandro Leyva fue asesinado en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, por disparos de arma de fuego.
En su recomendación, pidió realizar la inscripción de las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de garantizar su acceso a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, así como brindar atención psicológica y tanatológica especializada, gratuita, accesible a todas las víctimas indirectas que lo requieran.
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También, solicitó la emisión de un Protocolo de Protección para Personas Víctimas de Delitos contra la Libertad de Expresión, así como una circular dirigida al personal de la Fiscalía de Oaxaca para establecer criterios de actuación cuando una investigación pueda estar relacionada con el ejercicio del periodismo.
Además de emitir una disculpa pública dirigida a las y los familiares, en la que se reconozcan las violaciones a derechos humanos acreditadas y la responsabilidad institucional correspondiente. Asimismo, pidió identificar todas las carpetas de investigación relacionadas con el caso del periodista por su labor y, cuando corresponda, remitir a la FGR información que pueda contribuir al esclarecimiento del homicidio.
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La recomendación incluye, además, el establecimiento de mecanismos adecuados para proporcionar información a los organismos públicos de derechos humanos cuando ésta sea requerida en el ejercicio de sus atribuciones.
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