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Además, la organización también exige la libertad de seis “presos políticos” y la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de su líder, Macario García Merino. Se trata de Juliantino García, Marcos García, Miguel Ángel Álvarez, Roberto Cárdenas, Alfonso Martínez y Reynaldo Martínez, quienes actualmente están purgando condenas en prisión por diversos delitos.
Al respecto, la Segego, encargada de mantener la gobernabilidad en territorio oaxaqueño, aseguró que tanto el gobierno de Oaxaca como el federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), así como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la Fiscalía General del Estado (FGEO), y la Guardia Nacional “han otorgado atención interinstitucional a los habitantes de Tierra Blanca desde el inicio de su conflicto”.
Señaló que con el objetivo de reconstruir el tejido social, crear las condiciones de paz y construir el protocolo de retorno de personas a la comunidad de Tierra Blanca, se han establecido diversas reuniones en distintas sedes, en las que han participado el gobernador Alejandro Murat, junto con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas; el secretario de Gobierno de Oaxaca, Francisco García López; el fiscal General de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, el titular de la DDHPO, Bernardo Rodríguez Alamilla, entre otros.
Sin embargo, detalla que el conflicto entre organizaciones de la zona Triqui continuó, motivo por el cual el gobierno de Oaxaca implementó primero un Plan Integral de Seguridad, y el 23 de enero una comisión interinstitucional, junto con elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública, con quienes "realizaron un recorrido exhaustivo en asentamientos urbanos, parajes y caminos de terracerías en las comunidades de Tierra Blanca y Yosoyuxi”.
Más adelante sostuvieron reuniones con las organizaciones sociales como parte del Protocolo de Retorno, presentado el 31 de mayo en una mesa de trabajo con ambos grupos de habitantes de Tierra Blanca, y llevaron a cabo un censo de los pobladores para su retorno.
Y que “a través del diálogo y acuerdo fueran la ruta para llegar a una conciliación, y poder encontrar una solución duradera para que Tierra Blanca sea un espacio en el que todos vivan en paz y calma”.
Como resultados de esas mesas de trabajo, autoridades y pobladores diseñaron un protocolo para el retorno de los habitantes de Tierra Blanca, estudiado y analizado entre las partes en conflicto, para que pudieran “comenzar un proceso de reconciliación, en donde no falte la justicia, no quede de lado la dignidad, y que se apueste a la tranquilidad de la comunidad”.
De acuerdo con la Segego, ambas partes quisieron y aceptaron el regreso de aquellos que fueron desplazados de la comunidad y acordaron que se diera lo más pronto posible. Dicho protocolo consiste en cuatro fases, mismo que sería revisado y analizado en una siguiente reunión.
“Este protocolo establece que el retorno o reubicación, constituye la base para la superación del desplazamiento, lo que es considerado como una medida de reparación conducente a la restitución de derechos y forma parte de la ruta integral de medidas con relaciones de complementariedad e interdependencia”, informó la dependencia en un comunicado.
Agregó que en el protocolo de retorno seguro se deben considerar a las partes en conflicto y las necesidades de cada una de ellas, además de "ir acompañado de un proceso de reconciliación en el que es necesario el acceso pleno a la justicia, ponderando el respeto a los derechos humanos, así como a la dignidad de las personas que permita establecer un piso mínimo para iniciar la cimentación de una paz duradera”.
Dicho protocolo fue revisado y se integró al censo de los pobladores de Tierra Blanca, firmando una minuta el pasado 25 de junio que establecía que la fecha de retorno se realizaría a los 30 días posteriores y ambas partes realizarían las consultas necesarias con sus asambleas.
Además, la Segego aseguró que tenía proyectada una reunión el próximo día 29 para fijar la fecha del retorno seguro de los desplazados, misma que se vio truncada por las movilizaciones del MULTI tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México.
