Comité ciudadano del Sistema Anticorrupción de Oaxaca emitió una recomendación en 4 años; está por extinguirse

Oaxaca de Juárez.— A cuatro años de la creación del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca (SECC), de la conformación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y de la Secretaría Ejecutiva del sistema, sus integrantes únicamente emitieron una recomendación, no elaboraron la política pública anticorrupción y no construyeron la plataforma digital que debe contener información tanto de los servidores públicos como de la contratación de obra pública, entre otra.

Actualmente, el CPC se enfrenta a su extinción tras la publicación del decreto de la reforma aprobada por la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca; con la que se da paso a un nuevo organismo ciudadano denominado ahora Consejo de Participación Ciudadana y en la que se le da principalmente la atribución de que sus recomendaciones sean vinculantes.

En estos cuatros años el funcionamiento del SECC ha costado 61 millones 569 mil 343.94 pesos, según la suma del presupuesto anual autorizado desde el año 2018. Para los integrantes del CPC se asignaron salarios mensuales superiores a los 100 mil pesos brutos y netos: el Presidente este organismo gana 116 mil pesos mensuales brutos – más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que gana 111 mil 990 pesos mensuales brutos -; mientras que los cuatro restantes ganan 104 mil 400 pesos mensuales brutos.

La integrante del CPC, Reyna Miguel Santillán, acepta que sus salarios bajo la figura de honorarios son elevados, pero responsabiliza de la falta de resultados a la Secretaría Ejecutiva del Sistema bajo el argumento de que son ellos quienes manejan el presupuesto público; el que además, asegura, se mantiene en la opacidad.

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“Quien maneja el presupuesto es la Secretaría Técnica y precisamente ahí es donde la opacidad prevalece”, dice.

Reyna Miguel acepta que el CPC “tiene muchas deudas con Oaxaca”. La primera de ellas, explica, es que aún no se ha definido y delineado una política de combate a la corrupción en el estado; y la segunda, que no se ha terminado de construir la plataforma digital.

En la política pública se deben definir las acciones y ejes rectores bajo los cuáles debe trabajar el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción conjuntamente con las diferentes dependencias del gobierno del estado y organismos autónomos que son parte del sistema y que se constituyen como el Comité Coordinador.

“La política habla de que todas las acciones que se tienen que hacer tienen que ir bajo cuatro ejes rectores de involucrar a la sociedad, al servicio público, para que realmente se vea mermada la corrupción... Son la política pública que aún no se han echado a andar en Oaxaca”.

Respecto a la plataforma digital, la cual se ha prometido como una de las primeras acciones desde que se constituyó el Sistema y el CPC, en esta debe – entre otra información – hacerse pública las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de todos los servidores públicos, denuncias de corrupción, de los procesos de contratación de obra pública, de los funcionarios particulares y empresas sancionadas.

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“Compranet ya se quedó corto, entonces tenemos que ir más allá de cómo se está transparentando el ejercicio de precisamente de la transparencia, para ver el proceso de las licitaciones, para ver el proceso de cómo se están llevando a cabo, o qué licitaciones hay o qupé obras tenemos en puerta. Cumpliendo con esas dos, ya tenemos un gran avance”.

Reyna Santillán justifica que el CPC su función principal es el de la prevención y no la de vigilar el gasto público porque eso corresponde a la Secretaría de la Contraloría y al Órgano de Fiscalización del Estado; pero reconoce que también están facultados de emitir recomendaciones a las diferentes dependencias sobre el manejo de los recursos públicos o sobre probables actos de corrupción.

En estos cuatro años sólo han emitido una recomendación y establecido un acuerdo, según sus propios informes y sesiones que han realizado. La recomendación fue dirigida a la Secretaría de Salud de Oaxaca para que transparentará las compras de insumos y medicamentos relacionados con la pandemia del Covid-19; y el acuerdo, para emplazar a publicar los salarios de los miembros del CPC y de los trabajadores de la Secretaría Ejecutiva del Sistema. Este último, sólo lo cumplieron parcialmente: los salarios de los integrantes del CPC fueron retirados de la página web.

“Nuestra función es esa pero sí tenemos la facultad de emitir recomendaciones no vinculatorias como una llamada de atención, como decir que se están haciendo mal las cosas o tienes muchas denuncias, está pasando mal tu presupuesto”, expresa.

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Sin embargo, la ley sí los faculta para realizar “fiscalización ciudadana” de los recursos públicos; así como elaborar “indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal”; funciones que tampoco han realizado.

La integrante del CPC, Reyna Santillán, opina que la ciudadanía debería de hacerle estos reclamos por lo que no están haciendo, pese a que se en la ley ellos representan a esa ciudadanía: “Se supone que deberíamos estarlo viendo y haciendo un pronunciamiento. Esa tarea obviamente, y la ciudadanía está en todo sus derechos de exigirnos y de decir que ustedes no están viendo estos casos, entonces sí es importante que la ciudadanía haga esos reclamos. De lo contrario va a quedar igual”, finalizó.