Diputados desaparecen Comité de Participación Ciudadana de Oaxaca del Sistema Estatal Anticorrupción; crean un consejo
Con este decreto, los actuales miembros del CPC dejarán de ejercer sus funciones al término de 30 días posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley; y se procederá al nombramiento de los nuevos integrantes ahora del Consejo de Participación Ciudadana.
La 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó la nueva Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción con el que desaparece el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y crea el Consejo de Participación Ciudadana.
Con este decreto, los actuales miembros del CPC del Sistema Anticorrupción de Oaxaca dejarán de ejercer sus funciones al término de 30 días posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley; es decir, contados a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y se procederá al nombramiento de los nuevos integrantes ahora del Consejo de Participación Ciudadana.
El quinto transitorio de la ley también especifica que la situación presupuestal y laboral de la actual Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción será regulada en la ley secundaria, “sin menoscabo de los derechos laborales”.
Hoy, los legisladores locales también aprobaron la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IAIP) para la creación del Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno; con lo que, los actuales comisionados del instituto dejarán de ejercer sus funciones y se nombrarán a siete nuevos comisionados.
La nueva ley del Sistema Anticorrupción se enfoca principalmente en la desaparición del CPC “para orientarlo acorde a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”.
“Resulta claro que el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece las bases sobre las que deben constituirse los sistemas locales, constriñendo a las entidades federativas a contar con sistemas cuya integración y atribuciones sean equivalentes al sistema nacional”.
En el dictamen aprobado por los diputados locales, se argumenta que una de las debilidades torales del Sistema Nacional Anticorrupción y del local de combate a la corrupción, es que en los entes coordinadores de dichos sistemas, sólo tiene facultades para emitir recomendaciones no vinculantes, cuando los servidores públicos cometan alguna falta administrativa grave, no grave o actos de corrupción.
“Peor aún, dichas recomendaciones no vinculantes están limitadas a emitirse en forma posterior a un informe anual sobre los resultados de las acciones de prevención y combate a la corrupción, lo que restringe a las instancias del comité coordinador de ambos sistemas, nacional y local, la facultad de poder actuar en el momento en que se están cometiendo dichos actos de corrupción, y poder mitigar sus efectos o frenarlos”.
La nueva ley también crea el órgano interno de control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, la cual será la encargada de fiscalizar los recursos públicos que los diputados asignen al Sistema; y también, establece una reducción en el salario de los funcionarios del Sistema y de los miembros del CPC, que actualmente son superiores a los 100 mil pesos mensuales.
