Estatal | 16-08-23 | 00:08 | Actualizada | 13-04-25 | 18:35 |
Juchitán. – La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), reiteró que, en San Blas Atempa, donde el gobierno federal impulsa un parque industrial “en tierras de uso común”, hay un problema que no se reduce a un “juicio agrario”, sino que responde a la lógica de la imposición y al despojo.

Mediante un comunicado dado a conocer este miércoles, la APIIDTT respondió a las declaraciones hechas en días pasados por el titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), Jesús Romero López a EL UNIVERSAL,  donde minimizó la problemática existente en la comunidad.

En entrevista con este medio de comunicación, el funcionario dijo que en el caso de San Blas Atempa hay un juicio agrario pendiente de ser resuelto por un tribunal agrario y que de ello deriva la situación que se vive en esta comunidad zapooteca.

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La APIIDTT insistió en la urgencia de transparentar e informar de manera pública, “la ilícita documentación agraria y convenios entre autoridades de los tres niveles de gobierno, para la imposición del Parque Industrial en tierras de uso común de San Blas Atempa y demandó la cancelación del Parque Industrial.

Minutos antes de difundir dicho posicionamiento, la APIIDTT informó en conferencia de prensa que persisten los actos de intimidación, hostigamiento y criminalización en contra del vocero de la comunidad zapoteca de Puente Madera, donde se mantiene la oposición al parque industrial en el paraje El Pitayal, David Hernández, y de Mario Quintero, de la APIIDTT.

En dicha conferencia de prensa virtual se subrayó que los abogados de David Hernández presentaron ayer, durante la audiencia intermedia en un juzgado de Oaxaca pruebas que no cometió los delitos que le imputaron para ser detenido, como ataques a las vías de comunicación, daños a terceros y quema de vehículos. En un mes se reanudará la audiencia.

Como ha informado este medio, en San Blas Atempa el gobierno federal pretende construir un parque industrial sobre poco más de 300 hectáreas de tierras que sus opositores consideran que es de uso común y que demandan ante el Tribunal Agrario de Tuxtepec, que se nulifique la asamblea del 14 de marzo de 2021, que autorizó la venta de las tierras de uso común.

Mientras tanto, en el municipio istmeño de Santa María Mixtequilla, donde hay una disputa por el dinero que pagó el gobierno por poco más de 500 hectáreas donde se pretende construir otro parque industrial, unas personas no identificadas ingresaron al polígono del polo de desarrollo y le prendieron fuego a la manta que advertía: “propiedad del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.

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