Gobierno de Oaxaca rechaza cifra sobre defensores asesinados y acusa que se “lucra” con la figura

Oaxaca de Juárez.— El gobierno de Oaxaca rechazó que se viva una crisis por la violación de derechos humanos en la entidad y por el asesinato de defensores comunitarios. Lo anterior lo aseguró a través de la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (CADH), que informó que durante la actual administración, “ninguna persona defensora que se encuentra dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), ha perdido la vida”. 

Dichas declaraciones las emitió el gobierno estatal justo tras darse a conocer las cifras presentadas por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) y el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, en la que señala el asesinato de 42 personas defensoras durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aunque las autoridades oaxaqueñas las manejaron como si se trataran de datos del 2024.

“La CADH precisa que dichas cifras carecen de sustento alguno del Mecanismo de Protección, de organismos protectores a derechos humanos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o de las fiscalías del país”, afirmó la dependencia. 

La Coordinación de Atención a los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (CADH) aseguró que durante la administración que encabeza  Salomón Jara Cruz, “se destaca la disminución de casos reportados al Mecanismo de Protección del Gobierno Federal”. E insistió que se trata de “un gobierno que respeta y se preocupa por difundir los derechos de la población”.

Según las cifras oficiales de enero del 2022 a diciembre del mismo, el mecanismo reporta la incorporación de 21 casos, de los cuales seis eran por agresiones a personas defensoras de derechos humanos. 

“Mientras que, durante el 2023 el Mecanismo únicamente conoció 12 casos, de los cuales cuatro correspondían a agresiones a personas defensoras de derechos humanos, las cuales no han perdido la vida”, lo que según el gobierno estatal muestra una disminución en los reportes atendidos por dicho mecanismo. 

El gobierno oaxaqueño también informó que hizo un llamado a dichas organizaciones a “no lucrar con la figura de ‘persona defensora’, ya que las declaraciones sin fundamento o fuera de contexto, en nada abonan a la construcción de instituciones sólidas y ponen en entredicho la seriedad de las agrupaciones”.

Afirmó que el término “defensora o defensor de los derechos humanos” se utiliza para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger los derechos humanos. Además, dijo que “se les reconoce por el trabajo a favor de los derechos de otras personas y no por el nombramiento que las organizaciones civiles o sociales hagan de ellas”.

“El Gobierno del Estado reconoce que las Personas Defensoras de los Derechos Humanos son fundamentales para la construcción de la democracia y del estado de derecho, por ello, la administración tiene la obligación de garantizar espacios seguros para el ejercicio de su trabajo”, finalizó en un comunicado. 

A una semana de la agresión, de parte de funcionarios estatales, que sufrió el fotoperiodista Edwin Hernández de EL UNIVERSAL cuando cubría la manifestación pacífica de la cineasta Ángeles Cruz en el arranque de la Guelaguetza, reporteros y fotógrafos oaxaqueños protestaron durante el Segundo Lunes del Cerro por el trato que se da a los medios de comunicación desde el gobierno de Oaxaca. 

Portando playeras con la frase “Prensa, no disparen”, un mensaje que se ha convertido en una consigna para repudiar la violencia contra comunicadores, los trabajadores de distintos medios realizaron la cobertura de la primera función en esta octava de la Guelaguetza. Asimismo, a modo de protesta pacífica, difundieron imágenes de ellos portando las playeras frente al auditorio del Cerro del Fortín, inmueble donde se desarrolla la “máxima fiesta de los oaxaqueños”.

La manifestación de los trabajadores de medios de comunicación fue convocada por el movimiento Periodismo en Riesgo Oaxaca, mismo que condenó energéticamente el trato violento recibido por el fotógrafo de esta casa editorial hace una semana por tratarse de una  “una grave violación a la libertad de prensa y al derecho a la información” y que exigió capacitación urgente a funcionarios, así como una disculpa pública a Edwin Hernandez

El pasado lunes, mientras el gobernador Salomón Jara Cruz (Morena) encabezaba el primer Lunes del Cerro y el arranque de la edición número 92 de la Guelaguetza, encuentro que celebra a los pueblos indígenas de Oaxaca, la cineasta originaria de San Miguel El Grande fue intimidada y violentada  por funcionarios de su gobierno, policías, y personas vestidas de civil, quienes buscaban impedir que la también actriz protestara en el auditorio del Cerro del Fortín para exigir al mandatario que atienda la violencia que vive su comunidad, misma que ha dejado al menos ocho personas asesinadas en emboscadas, presuntamente de parte de sus vecinos de Llano de Guadalupe. 

El mismo grupo de personas que obstaculizó la protesta e intimidó a Ángeles Cruz para que dejara de exigir justicia para su comunidad, agredió al fotógrafo de esta casa editorial que logró captar a la cineasta con su mensaje clamando auxilio en el pecho y su puño en alto pese a los intentos de taparla cuando se manifestaba.

Al termino de la función, la cineasta mixteca se retiraba con su puño en alto, lo cual fue captado por la lente de EL UNIVERSAL, y de inmediato mujeres y hombres comenzaron a intimidar a Edwin Hernández, intentaron quitarle su equipo de trabajo y lo sacaron a empujones del auditorio Guelaguetza. Una vez fuera le rompieron la acreditación que permite el ingreso a los integrantes de la prensa al recinto.

Al respecto, en un comunicado el movimiento acusó que este tipo de prácticas del gobierno de Jara no son incidentes aislados, sino que confirman un “patrón de intimidación” contra de quienes se han atrevido a cuestionar al mandatario. 

“Condenamos enérgicamente la agresión sufrida por el fotoperiodista Edwin Hernández de EL UNIVERSAL mientras intentaba realizar la cobertura de una manifestación en el auditorio Guelaguetza (…) los hechos ocurridos, donde funcionarias y funcionarios del gobierno del Estado obstaculizaron deliberadamente el trabajo del compañero periodista, impidiéndole el paso y posteriormente intimidándolo hasta bloquear por completo su labor informativa, representan una grave violación a la libertad de prensa y al derecho a la información”, cita el documento.

Para los integrantes de este movimiento encaminado a la defensa de los derechos de los comunicadores estos actos demuestran una “preocupante falta de comprensión sobre la importancia del trabajo periodístico”, pero sobre todo se deben entender como “un ataque directo contra los medios de comunicación”.