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El gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), rechazó las propuestas realizadas en los parlamentos abiertos por comunidades y ciudadanía para la construcción de la nueva Ley General de Aguas, aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión, denunciaron organizaciones sociales de Oaxaca.
“Denunciamos el proceso atropellado en el cual la Conagua impuso una aprobación exprés de su iniciativa legislativa, sin revisión pública y sin mover ni un punto ni coma”.
Mediante un comunicado, reiteraron que la nueva ley de la presidenta Claudia Sheinbaum perpetúa la ley del expresidente de Carlos Salinas de Gortari con una legislación sin efectos exigibles y que incumple con el mandato constitucional de garantizar la equidad, la sustentabilidad y la participación ciudadana.
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Las organizaciones de Oaxaca que forman parte de la Coordinadora Nacional Agua para Todos propusieron prohibir la privatización de obras hidráulicas y de sistemas de agua y saneamiento, reconocer los derechos de pueblos indígenas al agua, obligar que los Consejos de Cuenca incluya una representación de pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades, investigadores y defensores.
Entre sus propuestas también destacan tipificar la contaminación como un delito, extinguir los volúmenes de agua de uso industrial y de servicios para los titulares que no han pagado sus derechos, proteger a los usuarios agropecuarios familiares de la extinción de sus derechos cuando no hayan podido comprobar el uso de sus aguas durante dos años y el reconocimiento y protección de territorios y acuíferos del país, por su vulnerabilidad a la contaminación y sobreexplotación.
“A pesar de los múltiples intentos por bloquearnos, las comunidades y ciudadanía nos coordinamos con legisladores para organizar 16 foros de parlamento abierto, así como la presentación de más de 500 propuestas fundamentadas en audiencias públicas cubriendo las zonas norte, centro y sur… Las propuestas generadas fueron rechazadas por la Conagua”.
Las organizaciones oaxaqueñas señalaron que la nueva Ley General de Aguas no contiene ninguna obligación ni mecanismo para enfrentar el acaparamiento y la sobreexplotación, ni para garantizar agua para poblaciones que sufren de marginación hídrica.
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