Para dar certeza a empresas, rechaza Interoceánico asociar a dueños de tierras en Oaxaca

Juchitán.— Con la intención de “brindar certeza a los inversionistas” que decidan instalarse en los parques industriales que se asentarán a lo largo de la ruta Transístmica, que va de Salina Cruz, Oaxaca,  a Coatzacoalcos, Veracruz, el órgano Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) decidió promover la compra de tierras en comunidades habitadas por pueblos indígenas, en lugar de rentárselas o  convertir a los dueños de las parcelas en socios de los empresarios, como lo pidió el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así es como Rafael Marín Mollinedo, titular del CIIT, explica a EL UNIVERSAL la negativa que han recibido campesinos del Istmo de Tehuantepec que, durante asambleas en las comunidades, han expresado su intención de que no se les despoje de sus tierras y en cambio puedan convertirse en socios de las empresas que se instalen en los denominados Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), tal y como lo prometió AMLO en julio de 2020,  en el puerto de Salina Cruz.

“Si se trata de ejidos, de tierras comunales, que se hable con la gente, que no sólo se les compre, sino que se les ayude para que sean socios, que formen parte del proyecto (...)

“Me gustaría más que ellos aportaran esos terrenos. Y que el Estado mexicano, mediante algún mecanismo legal, les estuviese pagando una renta para beneficio de toda su familia durante más tiempo, que no les quede después un amargo sabor de boca de que ya fueron despojados de sus tierras, que fue efímero el beneficio”, dijo ese día el Presidente, según consta en la propia versión de su discurso que se encuentra en la página del gobierno federal. 

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Pese a esa promesa, en respuesta a un cuestionario planteado por este medio,  Marín Mollinedo  asegura que con la decisión de no asociar  a los campesinos se busca dar certeza a los empresarios de que podrán trabajar a largo plazo, pero también a los dueños de las parcelas de que se les pagará un precio justo,  dado que el Programa para el Desarrollo Integral del Istmo funge como mediador del proceso de compra-venta que realiza el CIIT.

Desde fines  de marzo de 2019, cuando el gobierno federal convocó a través de la Secretaría de Hacienda (SHCP) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) a una serie de consultas a habitantes de pueblos originarios en busca de su aval para modernizar el Tren Transístmico,  se comenzó a delinear la posibilidad de instalar en esa franja de 300 kilómetros, que une a los océanos Pacífico y Atlántico,  10 parques industriales.

Foto: Alberto López

En dichos parques, cinco de ellos en Oaxaca, el gobierno federal proyecta la instalación de empresas de distintos giros como agroindustria,  textiles y hasta  automotriz, aunque asegura que estos no se han definido, en terrenos que tienen distintos orígenes, como donaciones o que ya eran federales, pero la mayoría son tierras que pertenecen a campesinos.

Es por ello, señala el CIIT, que desde 2019 se está llevando a cabo un proceso de Consulta Indígena con las comunidades y se tienen registradas “las múltiples peticiones y se están atendiendo”, pues la intención es alcanzar acuerdos “por la vía del diálogo con los istmeños”, dado que hay sectores que se resisten a la venta de las tierras y acusan que dichas consultas se realizan “a modo”.

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Mientras esto sucede, Marín Mollinedo señala que “se trabaja en una estrategia con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Marcelo Ebrard, para hacer una campaña de difusión en las embajadas mexicanas en otras latitudes del mundo y así atraer y trabajar en proyectos acordes a la filosofía del Programa Istmo. Estamos buscando empresas que compartan la visión y el compromiso social y económico del programa, de equilibrar las utilidades con la inclusión”.

Sin embargo, la búsqueda de inversionistas “en otras latitudes del mundo”, estrategia que se desarrolla de la mano de la cancillería mexicana, tampoco corresponde a la postura expresada por el Presidente en su reciente visita a Salina Cruz, el 9 de mayo, donde dijo que los 10 parques industriales estarán bajo el control del Estado  y no se entregarían a particulares.

Inversionistas, la prioridad

Foto: Edwin Hernández

Para Carlos Beas Torres, asesor de la Unión de Comunidades Indígenas (Ucizoni) y uno de los principales núcleos de resistencia contra este megaproyecto, desde que el gobierno federal presentó el Plan del Istmo, al que consideran una copia de los programas que quisieron imponer los anteriores gobiernos priistas y panistas, se observó que la prioridad de AMLO estaba en los capitales nacionales y extranjeros y no en las necesidades de los pueblos indígenas del Istmo, que serán los que recientan los impactos negativos de este corredor industrial. 

Por esa razón “la 4T tiene prisas para imponer la venta de tierras mediante consultas simuladas”, añade.

Apenas el pasado martes 25 de mayo, pobladores zapotecas de los municipios de San Blas Atempa, Santa María Mixtequilla y Ciudad Ixtepec, rechazaron desde la Ciudad de México la imposición de las consultas que realiza el gobierno federal para “imponer” los parques industriales. Según el CIIT, en estos municipios de Oaxaca ya se obtuvo la anuencia de los ciudadanos para que en polígonos de 500 hectáreas se instalen los parques industriales.

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“Los pueblos del Istmo, donde habitan indígenas zapotecos, ayuujk, chontales, zoques e ikoots, demandan mejores servicios de salud, educativos, de comunicación, de empleos y apoyos para la producción primaria. A diferencia del gobierno de la 4T, la prioridad de los pueblos no está en la modernización del Tren Transístmico”, reitera Carlos Beas Torres, quien insiste que los pueblos indígenas quieren comer y no anhelan un gasoducto, como el que recientemente anunció el gobierno mexicano y que contempla una inversión de 9 mil millones de pesos.

En opinión de Gerardo de Gyves, quien fue uno de quienes  solicitaron formalmente en la asamblea  de Ciudad Ixtepec que se retome la propuesta del Presidente para que los campesinos sean considerados socios de los inversionistas y no sean despojados de sus tierras, la postura de  Marín Mollinedo  debería girar entorno a    que el Estado mexicano sea el que dé la certeza.

“La venta de las tierras al final de cuentas no beneficia a toda la sociedad involucrada en los proyectos de la 4T. Con la venta de tierras, donde el CIIT está ofreciendo entre 200 mil y 250 mil pesos por hectárea, no se beneficiarán todos los ciudadanos, sino solamente los propietarios de las parcelas, sean ejidatarios, comuneros o posesionarios en el régimen de pequeños propietarios. Si los inversionistas quieren certeza, ¿acaso el gobierno mexicano no dispone de las herramientas para brindárselas desde el esquema de la asociación?”, cuestiona.