San Mateo del Mar pidió auxilio antes de la masacre; a 4 meses acusan impunidad y abandono
Lona Reyes, el “Obispo de los Pobres, fue de los primeros en advertir la falta de atención al conflicto
Juchitán.— La primera llamada de auxilio de San Mateo del Mar llegó los primeros días de mayo de 2020. A partir de entonces, y pese a que las autoridades sabían del recrudecimiento de la violencia en esta comunidad ikoots, transcurrieron casi 50 días más para que las dependencias voltearan a este pueblo de pescadores donde se cometió la peor masacre de la que se tiene registro en Oaxaca.
La noche del 2 de mayo, personas desconocidas atacaron a la población de Huazantlán del Río, quemaron cuatro viviendas, el edificio de la agencia municipal, cuatro vehículos y asesinaron a Filemón Villalobos, suplente de la autoridad de ese lugar. Desde entonces, defensores de derechos humanos pidieron medidas cautelares y la intervención de la Secretaría General de Gobierno (Segego) para contener esa violencia que terminó de desbordarse cuando 15 personas fueron torturadas y quemadas vivas.
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Ante esos hechos, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), dictó varias medidas cautelares, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública que vigilara la zona, pidió a la Fiscalía General investigar el ataque y demandó a la Segego, entonces a cargo de Héctor Anuar Mafud Mafud, la aplicación de acciones tendientes a evitar violaciones a los derechos humanos.
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Pero nada de eso ocurrió y la violencia volvió estallar la noche del 21 y madrugada del 22 de junio, cuando ocurrió esa masacre que pudo evitarse.
Los obispos de la Diócesis de Tehuantepec, Crispín Ojeda Martínez y Arturo Lona Reyes fueron los primeros en denunciar que fue falta de interés gubernamental fue lo que generó la grave violación a derechos humanos como la vida, la integridad, la seguridad y la paz.
Han pasado cuatro meses y desde desde entonces los pobladores de Huazantlán y otras localidades de San Mateo del Mar como Benito Juárez, El Pacífico, La Reforma, San Pablo, Costa Rica y Cuauhtémoc viven con miedo a que vuelva a brotar la violencia y con la sensación de que han sido abandonados, revela una fuente que se identifica como José.
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“Mucha gente se está yendo del pueblo. Algunas personas se fueron a vivir a Salina Cruz, otras a Oaxaca y a la Ciudad de México”, dicen los pobladores de la comunidad, quienes calculan que han sido al menos 30 las personas desplazadas tras la masacre.
Actualmente, ni Bernardino Ponce Hinojosa, el presidente municipal por cuyo rechazo escalo el conflicto, vive en San Mateo; también se fue un empresario de la construcción, identificado como Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez y acusado por la población de instigar la violencia en las agencias municipales. “Tiene abandonada a la población, aunque de por sí, el pueblo ya vivía en ese estado de abandono”, revela otro poblador.
El abandono, dice uno más de los habitantes, se siente en todos lados. En la clínica que tiene un año cerrada, porque los médicos no entran por el clima de violencia que comenzó desde que el edil Ponce Hinojosa asumió el cargo y nunca fue reconocido por un segmento de la población.
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Para una emergencia médica, primero hay que pedir permiso en un retén o filtro instalado en Huazantlán, porque el paso se cierra desde las 10 de la noche hasta las cuatro de la mañana; luego hay que pagar un viaje de 500 pesos a Salina Cruz.
El abandono también se palpa en la cabecera, donde no hay agua entubada. En el 2013 se dejó inconclusa la construcción del tanque elevado y desde ese año los habitantes toman agua de los pozos, pues apesar de contar con un presupuesto anual de 80 millones de pesos, en San Mateo del Mar no se observan obras, acusan los pobladores.
A cuatro meses todo lo que hay es impunidad y miedo a nuevos ataques armados, a pesar de que la 64 Legislatura del Congreso pidió al gobierno de Oaxaca y a la Fiscalía General una investigación expedita para castigar a los culpables.
“Después del primer ataque armado donde quemaron casas, vehículos y mataron al suplente del agente municipal exigí que se investigaran los hechos y se castigaran a los culpables. Les demandé que evitaran mayores actos violentos, pero hubo omisiones”, dice la diputada local, Gloria Sánchez López.
Este martes, Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría, se reunió con pobladores de San Mateo del Mar; mientras que de acuerdo con la Segego, ahora a cargo de Francisco García, la disputa entre ambos grupos trajo una desestabilizacion de la zona, por lo que por el momento se ha dado seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mantiene la atención permanente con ambas partes, con personal en el Istmo, y se alista la primera reunión para reforzar el trabajo realizado.
