Con protesta en DDHPO, denuncian amenazas de muerte contra dos mujeres activistas en Oaxaca
El Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” exigió cumplir con medidas cautelares por amenazas y secuestro para ellas, y solicitaron su incorporación al mecanismo de protección de defensores.
Oaxaca de Juárez.— El Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO-RFM) denunció que dos de sus miembros han sido amenazados por la delincuencia organizada, políticos, caciques y funcionarios del gobierno del estado.
En conferencia de prensa, precisaron que las amenazas contra sus integrantes Victoria Jiménez Mendoza y Maura Mendoza Acevedo son de muerte, “de privarlas de su libertad si siguen alborotando”, señalaron.
Frente a las instalaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), reordó que en 2019 grupos de la delincuencia organizada asesinaron a familiares de compañeros del CIPO-RFM, y amenazaron a más de sus allegados, quienes tuvieron que exiliarse o desplazarse forzosamente de sus comunidades de origen.
Lo anterior se derivó, señalaron, de que el gobierno de Oaxaca no cumplió con las medidas cautelares dictadas por la DDHPO para proteger y dar atención a las víctimas y sus familiares; al contrario, aseguró que se está poniendo en riesgo a las familias.
También recordó que en administraciones estatales anteriores se persiguió e intentó asesinar a Raúl Gatica Bautista, fundador del CIPO-RFM, y quien desde entonces se encuentra exiliado en Vancouver, Canadá. En febrero de 2019 iniciaron los trámites para su incorporación al mecanismo de protección para defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación.
En el caso de las amenazas contra Victoria Jiménez y Maura Mendoza, precisó que también se solicitó su incorporación al mecanismo de protección para defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación, las cuales fueron aceptadas.
De la misma forma tienen medidas cautelares por amenazas y secuestro en el número de expediente DDHPO/1460/(04)/2020, y una solicitud de medidas de protección por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, pero ninguna ha sido cumplida por el gobierno actual.
“Son 70 años en que las instituciones, secretarías y gobiernos de los tres niveles siguen cometiendo violaciones a derechos humanos, sean grandes, medianas, chicas. Años en los que organismos autónomos encargados de velar, proteger los derechos humanos, no hayan sido capaces de ser una fuerza contra el gobierno para obligarlos a cumplir”, declaró.
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Según el CIPO-RFM, los organismos de derechos humanos son acusados de complicidad con los servidores públicos y los congresos locales, pues declararon que estos han preferido negociar con el gobierno en turno por cosas materiales, sin que nadie impulse la creación del Comité Estatal de Víctimas.
Finalmente, acusaron al gobierno del estado de obstaculizar la pronta y efectiva protección de las activistas Victoria Jiménez y Maura Mendoza, por lo que exigieron una reunión con la Secretaría General de Gobierno, con el objetivo de que se sancione a los funcionarios responsables de incumplir con estas medidas cautelares y de protección.
En ese sentido, en el marco de los días internacionales de las personas Defensoras de los Derechos Humanos, urgió a las autoridades a sancionar cualquier acto que atente contra su libre ejercicio, y con ello, disminuir los altos niveles de impunidad de las agresiones a que se enfrentan, pues este hecho favorece la repetición de tales conductas.
