La disculpa del Estado mexicano no nos regresa a Israel: padre de joven desaparecido en Chacahua en 2011

A más de nueve años de la desaparición de Jesús Israel Moreno Pérez, acusó que para aceptar las excusas ofrecidas exige voluntad política para cumplir con el dictamen de la ONU, en el que se reconoció que el Estado mexicano es responsable por violar sus derechos

La disculpa del Estado mexicano no nos regresa a Israel: padre de joven desaparecido en Chacahua en 2011
Archivo EL UNIVERSAL
Municipios 18/12/2020 13:19 Juan Carlos Zavala Actualizada 13:24

Oaxaca de Juárez.—El padre del joven Jesús Israel Moreno Pérez, desaparecido en Oaxaca hace nueve años y ocho meses, rechazó las disculpas públicas del gobierno federal por la desaparición forzada de su hijo.

Jesús Israel, joven estudiante de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, desapareció el 8 de julio de 2011, mientras visitaba las Lagunas de Chacahua, una reserva natural compuesta por espejos lagunares, manglares y playas, ubicada en el municipio de Villa de Tututepec, en la región Costa de Oaxaca.

A más de nueve años de su desaparición, su padre, Carlos Moreno Zamora, acusó frente al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, que desde el año 2011 ha sido nula la actuación de las autoridades en su investigación, tanto estatales como federales.

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“Se cumplieron nueve años ocho meses de la desaparición de Israel, y desde entonces la actuación de las autoridades, tanto locales como federales, ha sido nula. Señor secretario, trataré de ser diplomático porque no lo soy, pero pasemos del discurso a las acciones.

“Si bien los hechos no se dieron en este gobierno, ahora usted [Alejandro Encinas] representa al Estado mexicano, y no es nada personal, pero mi familia y yo no podemos ni debemos aceptar una disculpa porque eso no nos regresa a Jesús Israel, y porque tenemos dignidad, por él no podemos aceptarla. Para que realmente mi familia y yo aceptemos las excusas ofrecidas se requiere de voluntad política, pero real y efectiva, para cumplir con el dictamen de la ONU”, expresó.

En noviembre de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición de Jesús Israel Moreno Pérez en Chacahua, y dictó una serie recomendaciones ante la violación de sus derechos, ya que al formar parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estado estado no sólo debe "evitar la privación de la vida, sino también investigar y enjuiciar los posibles casos de privación ilegal de la vida, castigar a los responsables y ofrecer una reparación integral”.

El padre de Israel Moreno también rechazó que haya dos personas detenidas y encarceladas bajo tortura desde hace ocho años, a quienes se les imputa la desaparición de su hijo.

“Le construyeron una verdad histórica. Las autoridades de Oaxaca aseguraron que al joven lo asesinaron, pero la versión fue elaborada con testimonios contradictorios y pruebas fabricadas”, denunció.

Según la Fiscalía de Oaxaca, Israel Moreno fue asesinado, y 10 días después del asesinato unos tiburoneros vieron el cuerpo flotando en el mar.

Una de las principales irregularidades es que los tiburoneros describieron el cuerpo —el cual no existe o nunca fue recuperado— como el de una persona de 1.55 metros de estatura, de entre 35 y 40 años de edad, obeso, moreno y calvo. Israel mide 1.72 metros, al momento de su desaparición tenía 20 años de edad, su color de piel es blanca, tiene cabello abundante y rizado. Las pruebas para buscar rastros de sangre en la panga resultaron negativos.

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El 6 de enero de 2012, el exprocurador de Oaxaca, Jesús López, informó de la detención de cuatro presuntos implicados en el asesinato de Jesús Israel, se trataba de: Margarito González Domínguez, el conductor de la panga; Irene Méndez Graf, una antropóloga que supuestamente le acompañaba; Honorio Corcuera Noyola y Javier Rodríguez Tapia, quien, para Carlos Moreno, es un testigo inducido para inculpar a las otras tres personas.

De acuerdo con Guillermo Naranjo, abogado de la asociación civil I(dh)eas, los detenidos por la entonces Procuraduría de Oaxaca fueron víctimas de tortura para obligarlos a aceptar un crimen que nunca cometieron. Dos de los presuntos responsables aceptaron en la averiguación previa su responsabilidad; sin embargo, ante el Juez afirmaron que fueron torturados y esa declaración no se ha corroborado ni investigado. Los otros dos imputados, pese a la tortura, negaron haber visto o conocido a Israel.

La antropóloga Irene Méndez obtuvo su libertad a través de un amparo, que tras ser valorado por un juez echó abajo la acusación en su contra.

“Yo digo que Javier Rodríguez Tapia es el testigo inducido de la Procuraduría, porque yo vi cómo se dio un abrazo con el subprocurador de la Costa, como si fueran grandes cuates. Para cuando se termina el arraigo y se les condena a prisión preventiva, él declara que todo lo que dijo era mentira porque el comandante Juan le ofreció un millón pesos para inculpar a Margarito González e Irene Méndez”, sostiene Guillermo Naranjo.

El 24 de junio de 2017, un juez solicitó a la Fiscalía de Oaxaca que acreditaran la causa de muerte de Israel y los peritos respondieron en un oficio, que ellos no tenían la manera de acreditarlo y cuando se va con los ministerios públicos, afirman que no tienen pruebas.

En su recomendación 13/2016, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), señala que no hay elementos para poder acreditar que Israel fue asesinado, que es una falsa hipótesis y le instruye a la Fiscalía a elaborar un plan de búsqueda privilegiando un plan de búsqueda y privilegiando todas las líneas de investigación. También pide que se sancione a los funcionarios que intervinieron en la investigación, que la dañaron, que incurrieron en tortura y que metieron pruebas falsas, como fue la sustracción de un teléfono de Israel y cambiarlo por otro.

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