Afrontan 3 mil campesinos deudas e incumplimientos de eólicas en retirada del Istmo de Oaxaca

Juchitán.- Molesto porque desde 2018 no ha recibido el pago por concepto de reserva de sus tierras de parte de la empresa Eólica Unión Hidalgo, el campesino zapoteca Gustavo Manzo se cansó de que no  le dieran una explicación, así que desmanteló una torre para medir la fuerza del viento que dicha compañía había instalado en su parcela.

Lo que vive Gustavo Manzo es lo mismo a lo que se enfrentan otros 300 campesinos del municipio de Unión Hidalgo, que en conjunto rentaron un polígono de 3 mil 400 hectáreas de tierras para la construcción de un parque eólico. Fue en 2006, recuerdan, cuando representantes de ese corporativo español y mexicano les ofrecieron pagos de 2 mil pesos por hectárea al año, sólo por la reserva de la parcela y la instalación de tres estaciones anemométricas.

Una de esas torres es la que fue desmantelada por Gustavo Manzo el pasado 11 de mayo. “Los propietarios decidieron desalojar las antenas que la empresa instaló en sus terrenos, ya que afectan durante los trabajos de siembra y porque después de cuatro años sin tomar las llamadas o contestar de alguna forma por parte de Eólica Unión Hidalgo, se entiende que no hay interés por seguir adelante”, señalan los campesinos.

 

 

A su llegada, la compañía ofreció construir un parque eólico para producir 300 megawats de electricidad con 198 aerogeneradores y  una inversión de 600 millones de dólares. Ahora, los campesinos exigen la cancelación de los contratos de arrendamiento, ya que sus terrenos quedaron hipotecados por la empresa para obtener financiamiento, así que no pueden venderlos porque la empresa se niega a liberarlos.

Fernando Mimiaga Sosa, exfuncionario del gobierno de Oaxaca experto en temas de energías renovables, y a quien los campesinos de Rancho Gubiña identifican como promotor de la empresa Eólica Unión Hidalgo, se deslinda del incumplimiento de los inversionistas, pero explica el porqué la compañía dejó de pagar los contratos de reserva desde  2019.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, explica, se canceló la licitación de una línea de trasmisión directa del Istmo al centro del país que facilitaría la evacuación de  la electricidad que produciría la empresa Eólica de Unión Hidalgo y de otros ocho parques eólicos más. Por esa razón, añade, la compañía suspendió los pagos para reservar las tierras.

 

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Derivado de esa decisión federal, inversionistas mexicanos y extranjeros que habían contratado espacio para  instalar al menos 10 nuevas granjas eólicas en el Istmo de Tehuantepec, también dejaron de pagar los contratos de reserva de tierras  y otros están promoviendo la cancelación, como ocurrió en noviembre pasado con la eólica Siemens Gamesa, que canceló contratos con 500 campesinos de Santo Domingo Ingenio.

Mimiaga Sosa pide a los 300 campesinos afectados por Eólica Unión Hidalgo, a quienes se  les adeuda poco más de 27 millones de pesos desde 2019, que acudan a las instancias gubernamentales, como la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego) y la de Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), para que intervengan ante los inversionistas, que desde hace cuatro años no dan  la cara.

Entre las empresas eólicas que han dejado de pagar la renta por reserva, que están cancelando sus contratos o que ya se retiraron del Istmo están Zapoteca Energía, Gamesa El Sauzal, Cubico Sustainable Investments y Gamesa Cerro Iguana, las cuales han dejado al menos a 3 mil campesinos sin la posibilidad de tener ingresos alternos por medio de la operación de los parques eólicos.

 

 

Mientras, la eólica Gunaa Sicarú (Mujer Hermosa), de la compañía EDF, que enfrenta  retrasos  por el terremoto de 2017, la pandemia, las demandas legales de campesinos y la reforma eléctrica, ya acumuló cuatro años de retrasos y si en menos de seis meses la Sener no reinicia la consulta en Unión Hidalgo, el proyecto eólico morirá.

Mientras tanto, los campesinos de Rancho Gubiña advierten que si no hay respuesta serán desmanteladas las dos torres de viento restantes, no sólo por la falta de pagos, sino por el envío de un abogado, identificado como Ricardo Miyamoto, para amenazar a los propietarios.

 

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