Autoridades mixes de Ayutla y Tamazulápam rechazan intromisión gubernamental en conflicto agrario

Oaxaca de Juárez.- Las autoridades agrarias, municipales y de las agencias de San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulápam del Espíritu Santo, poblaciones ayuujk (mixes) de la Sierra Norte de Oaxaca, exigieron “respeto a su autonomía, forma de organización y resolución de conflictos", así como la “no intromisión de personas ajenas al conflicto que prevalece entre estas comunidades ni a nuestro territorio” y que “se les permita continuar con el diálogo sin imposiciones”.

A través de un comunicado conjunto, firmado por ambos presidentes municipales, las comunidades reconocieron que existe un conflicto agrario desde hace varias décadas debido a que “no se ha podido lograr la disolución de la mancomunidad entre ambos pueblos, situación que provocó la disputa de un manantial, que a su vez ha desencadenado actos violentos en diferentes años”.

En el documento, firmado en Tamazulápam, aseguraron que se han tratado de imponer “supuestas soluciones al conflicto”, en referencia a la sentencia definitiva emitida por un tribunal colegiado en el que se ordena a las autoridades estatales y federales la reconexión a Ayutla al agua de su manantial.

Sobre la misma, dijeron que “no es clara en cuanto a su ejecución”, pese a que en la sentencia se ordena tanto al gobierno estatal como a las autoridades de Tamazulápam que la Ayutla debe ser reconectada en las mismas condiciones y volumen de agua que señala la concesión que le fue otorgada en 1999.

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Ante ello, ambas comunidades expresaron que rechazan “cualquier imposición gubernamental, intromisión de particulares o declaraciones a nombre de estas autoridades sobre el conflicto agrario que prevalece”. También pidieron que se respeten los acuerdos emanados del diálogo entre comunidades, que respaldan las asambleas como forma de resolución del conflicto y condenaron “cualquier acto de violencia que se pueda desencadenar de alguna supuesta solución al conflicto”.

La emisión de esta comunicado se da luego de que al darse a conocer la sentencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador Alejandro Murat que sea acatada y que se reconecte a Ayutla al agua de su manantial, e incluso que convenza a las partes a la reconciliación.

Como respuesta el gobernador aseguró que se aplicaría la ley, tal como lo indican los tribunales, pero advirtió la existencia de usos y costumbres en las comunidades. También adelantó que se trabajaba con ambos ediles y que próximamente se daría a conocer sus reflexiones, lo que ocurrió hoy por la noche a través del gobierno de Oaxaca.

“El respeto a la autodeterminación de los pueblos originarios de Oaxaca es la principal vía para alcanzar la paz entre comunidades en conflicto. Comparto el comunicado conjunto que hoy emitieron las comunidades de San Pedro y San Pablo Ayutla, y de Tamazulápam del Espíritu Santo”, publicó el gobernador en su cuenta de Twitter.

El documento de ambas comunidades está dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Oaxaca y a los titulares de la CNDH y la Defensoría de loa Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), y cuenta con las firmas de los funcionarios municipales titulares de la autoridad de Tamazulápam, pero sólo de dos de parte de Ayutla, el presidente municipal Jesús Galván Rojas, y el síndico, Israel Martínez. El resto son autoridades suplentes y de las agencias municipales, que no enfrentan el desabasto de agua.

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Consultados por EL UNIVERSAL, pobladores de Ayutla que han exigido desde hace cuatro años la reconexión a su manantial e interpusieron el amparo que dio origen a la sentencia, rechazaron que el contenido de este comunicado firmado por su presidente municipal haya sido consultado o siquiera informado a la Asamblea Comunitaria, e incluso señalaron que su autoridad tenía prohibido dialogar sobre el tema del agua con las autoridades vecinas, por orden de la misma asamblea.

Explicaron que la libre autodeterminación de los pueblos indígenas no es competencia de los presidentes municipales, que se mueven en la esfera política, sino de la asamblea como el máximo órgano de toma de decisiones en la comunidad, misma que no ha avalado el contenido del comunicado.

Y recordaron que a diferencia de este documento, el amparo interpuesto en 2017 que dio pie a la sentencia definitiva, así como la lucha legal emprendida, sí contó con el respaldo de la Asamblea Comunitaria y con el seguimiento y apoyo de las autoridades municipales de 2017, 2018, 2019 y 2020.