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Foto: Archivo EL UNIVERSAL
Juchitán de Zaragoza.- Integrantes del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo y del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) anunciaron que este día presentaron ante el tribunal civil de París, Francia, un recurso con el cual se busca continuar la lucha legal en contra de la construcción de un parque eólico en esta comunidad zapoteca.
Se trata de un recurso de apelación en contra de la determinación de negar la suspensión del proyecto, que contempla la construcción del parque eólico Gunna Sicarú en la comunidad por parte de la empresa estatal francesa Electricité de France (EDF).
A finales del 2021, el tribunal civil de París (Tribunal Judiciaire) desestimó por motivos de formalidad procesal una solicitud hecha en octubre de 2020 por ProDESC, el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y representantes de Unión Hidalgo, para ordenar a la empresa EDF que suspenda inmediatamente la construcción del parque eólico por violar los derechos humanos de la comunidad.
Lo anterior al no haber sido la comunidad zapoteca efectivamente consultada en el proyecto empresarial que ocupará 4 mil 700 hectáreas de tierras comunales.
En conferencia de prensa, Juan Antonio López, coordinador del área de justicia de ProDESC, indicó que se espera que el recurso de apelación sea aceptada y se logre la suspensión del proyecto, mismo que, dijo, ha violentado los derechos humanos de la comunidad y de los defensores del territorio que han sido estigmatizados y amenazados.
También recordó que relatores especiales de la ONU han enviado solicitudes conjuntas a los Estados de México, Francia y a EDF, solicitando información adicional sobre el curso del desarrollo del parque eólico Gunaa Sicarú.
En las cartas, los relatores especiales reconocieron que de ser acertadas las denuncias, EDF sería cómplice de violaciones de derechos humanos asociadas a los actos de su subsidiaria, Eólica de Oaxaca S.A.P.I de C.V, que han afectado especialmente a mujeres y niñas indígenas locales.
Por su parte Guadalupe Ramírez y Edgar Martín Regalado, del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de la comunidad de Unión Hidalgo, denunciaron que desde el principio se convocó a una consulta indígena que no cumplió con las premisas de ser previa, informada, libre y buena fe.
Además, dijeron, de reactivar la fase deliberativa en medio de un contexto de aumento de casos y muertes por Covid-19, poniendo en riesgo a los ciudadanos, por lo que solicitaron a la Secretaría de Energía (Sener) la reposición del procedimiento de consulta desde la fase de acuerdos previos.
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