“Las familias decidieron que debemos de regresar a nuestras casas y a nuestra comunidad, para poder reconstruir, porque pensamos que está todo destruido; desconocemos en qué condiciones puede estar”, señalaron.
A principios de julio pasado, las familias dirigieron un oficio a las distintas dependencias de gobierno para notificarles sobre un segundo y último llamado de asistencia para su retorno seguro a Guerrero Grande.
Expresaron estar cansados de esperar sin recibir ninguna respuesta favorable a su petición y agregaron que ya no aceptarán otra mesa de diálogo, ya que consideran que las autoridades seguirán posponiendo el regreso.
Dioscoro Sandoval García, agente municipal de Guerrero Grande, detalló que en el conflicto interno que sostienen, “todos somos familiares en la comunidad”, por lo que espera que en el intento del retorno no habrá represalias.
Desde que fueron desplazadas, muchas de las familias viven en un albergue, otras rentan casas y unas más viven con sus familiares: "Vivimos en malas condiciones, por lo que vemos la necesidad de regresar a nuestra comunidad; no sabemos en qué condiciones están nuestras casas y pertenencias, pero queremos regresar”.
Fue el 1 de octubre pasado cuando un grupo de personas incendió más de medio centenar de casas, tras una disputa interna en su comunidad. Ese día y los siguientes dos, decenas de familias huyeron de Guerrero Grande hacía la cabecera municipal.
Distintas organizaciones de derechos humanos reconocen que aun cuando el desplazamiento forzado interno es una problemática nacional, no existe un registro del número de personas que se encuentran en esa situación en todo el país.
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