Oaxaca de Juárez.- El Tribunal Unitario Agrario con sede en Tuxtepec, en la Cuenca de Oaxaca, declaró la nulidad de 11 contratos de arrendamiento de tierras que la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S. A. de C. V. (Demex), firmó con particulares en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo en el año 2006.

La defensora comunitaria Guadalupe Cuevas Castellanos explicó que en el año 2013 se presentó una denuncia ante el Tribunal en la que se reclamaba declarar nulos estos contratos porque se celebraron sobre tierras que son de uso común (comunales) y por tanto, eran ilegales al realizarlos con particulares.

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En la sentencia se reconoce que la asamblea general de comuneros de Juchitán de Zaragoza y sus anexos Xadani, Chicapa, Unión Hidalgo, La Ventosa y El Espinal, es la única que puede determinar el uso, destino y disfrute de las tierras, ya que por su naturaleza todas son de uso común y son los únicos que pueden celebrar contratos de arrendamiento.

 Asimismo, establece que Unión Hidalgo es una comunidad agraria e indígena que conserva sus usos y costumbres, en la que 90% de la población habla zapoteco.

Cuevas Castellanos expresó que esta sentencia lanza el precedente para que cualquier otro comunero de la comunidad de Juchitán de Zaragoza y sus anexos, así como de todo el país, puedan en el futuro declarar la nulidad de sus contratos en caso de que hayan sido autorizados de manera individual y no mediante acuerdo de una asamblea general de comuneros.

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En estos contratos ilegales celebrados con la empresa Demex, están implicadas las notarias Aurelia Benítez Castillejos número 77 y María de la Luz Amelia Martínez Carballido número 41 con funciones en Juchitán de Zaragoza, quienes sin verificar la propiedad comunal de las tierras elaboraron escrituras públicas a más de mil personas de Unión Hidalgo para que las tierras estuvieran bajo el régimen de propiedad privada.  Las escrituras fueron pagadas por la empresa eólica.

También están implicados funcionarios del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, quienes registraron estas escrituras, afirmó Juan Antonio López, coordinador de Justicia Transnacional en el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc).

E insistió en que la sentencia establece un precedente histórico en la defensa de la tierra y territorio de las comunidades agrarias e indígenas al reconocer la naturaleza jurídica de las tierras de Unión Hidalgo como de uso común, tal como establece la resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales del año 1964.

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En Juchitán de Zaragoza y sus anexos hay instalados 27 parques eólicos, en las cuales se repite el mismo esquema en la celebración de contratos con particulares. Por ello, dijo, la trascendencia de esta sentencia y para aquellos comuneros que quieren iniciar un juicio para solicitar la nulidad de esos contratos.

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