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Las familias manifestaron la falta de alimentos desde enero de este año. Fue en diciembre del año pasado cuando las instituciones acudieron a dejarles alimentos en especie, desde entones ni el gobierno del estado, ni las del gobierno federal se han asomado, para ver las necesidades de los niños, mujeres y personas de la tercera edad, acusaron.
“El último apoyo que recibimos fue el año pasado, en diciembre fue la última vez que vinieron a dejarnos un poco de apoyo en especie. Pero a la fecha, nadie se ha asomado”, dijo a EL UNIVERSAL, Valeriano Riaño, representante de los desplazados refugiados en el INPI.
“La niña era de Guerrero Grande, pues en el albergue hay tres familias de esa comunidad que prefirieron no regresar con los otros desplazados, porque de todos modos vivirían en un albergue improvisado allá en Guerrero Grande, ahora que la niña murió, tuvieron que ir para enterrar su cuerpo allá”, explicó Valeriano Riaño.
Las familias de Ndoyonoyuji y Guerrero Grande del municipio de San Esteban Atatlahuaca, permanecen desde el pasado 22 de octubre en el albergue del INPI en Tlaxiaco, luego de que un grupo de personas armadas quemaran sus viviendas y los obligaran a salir de sus comunidades.
Semanas después de los ataques, cerca de 75 familias regresaron a Mier y Terán y Guerrero Grande, pero el resto continúa en el albergue del INPI, mismos que permanecen en estado de vulnerabilidad ante la falta de alimentos y de servicios.
“Nosotros no pedimos estar en esta situación. Solo pedimos regresar a nuestras comunidades, pero tampoco es posible porque nuestras casas fueron quemadas”, expresó uno de los refugiados.
Ante la crisis humanitaria en la que denunciaron que viven las familias desplazadas, que se albergan en Tlaxiaco, el presidente de la Cedhapi, Maurilio Santiago Reyes, señaló: “En el presente caso se violentan los derechos de los niños y de las niñas consagrados por los artículos 2 y 24 de la Convención sobre los derechos del niño”.
Por la falta de cumplimiento, la organización de derechos humanos se pronunció para el cumplimiento a la medida cautelar otorgada por CIDH en el expediente MC-1050-21 y el apoyo humanitario urgente a las familias desplazadas de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji.
Entre las medidas que estableció la CIDH están: Proteger los derechos a la vida e Integridad de las familias indígenas de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji a través de medidas culturalmente adecuadas, para proteger sus derechos, en especial el de los niños, niñas, mujeres y personas mayores.
