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En 1977, los obreros, los zoques de San Miguel y Santa María Chimalapas que trabajaban en el aserradero junto con comuneros de las dos poblaciones que nacieron ahí se unieron para correr a la empresa maderera y crear las congregaciones agrarias San Antonio y Benito Juárez, surgidas para defender los límites y conservar la selva de la depredación. Muchos de los trabajadores michoacanos y chiapanecos se fueron, otros más como la familia de María decidió permanecer y adherirse a la lucha de los oaxaqueños.
A los 14 años María ya estaba en la lucha y era la única mujer que se atrevía a participar de manera decidida, convirtiéndose en una pieza clave.
Fue, por ejemplo, la única comisionada especial para el problema agrario ante el gobierno federal y estatal. Al ser un personaje visible, fue tomada presa por el gobierno de Chiapas hace 32 años, la policía de ese estado la detuvo junto con 16 comuneros mientras cosechaban café en tierras que ellos consideraban de Oaxaca pero Chiapas reclamaba suyas. Estuvo presa tres meses en una cárcel de Cintalapa y el exgobernador oaxaqueño Heladio Ramírez pagó 150 mil pesos para su liberación.
“A mí nadie me puede venir a decir de quién es el triunfo de esta lucha... es mío, es de todos los que hemos dado la vida. Los que hemos sido encarcelados, perseguidos, asesinados. Yo estuve huyendo para que no me mataran, por eso estoy feliz que esto se haya resuelto, porque mis hijos y nietos ya no heredarán un problema”, dice la comunera y partera de 59 años.
La familia de Emiliano Pérez Gutiérrez, -a diferencia de la de María-, llegó de Cuauhtémoc Guadalupe, agencia de San Miguel Chimalapa. Su madre Teodola Gutiérrez Miguel lo trajo a los seis años, junto con cuatro hermanos más. Su padre fue asesinado meses antes por su interés de ir a poblar la comunidad de San Antonio. Su hermana Gabina murió tras defenderlo en 1989, durante un enfrentamiento con la policía estatal de Chiapas, así que de pérdidas Emiliano sabe mucho.
“Mi familia ha dado la vida por estas tierras, la ha defendido. Hemos sido perseguidos, encarcelados, pero al final la justicia nos dio la razón. Nunca dudamos que estas tierras eran nuestras, explica el campesino que desempeñó el cargo de agente municipal y secretario auxiliar de Bienes Comunales.
A 15 kilómetros del domo de acero en San Antonio está plantado un viejo encino en medio del pueblo de Benito Juárez. Es el lugar de reunión de los comuneros. Debajo del árbol se recibieron secretarios del gobierno federal y estatal durante más de dos décadas. Allí también se armaron estrategias de recuperación de tierras invadidas.
Alberto es un campesino de 69 años, que llegó de Miahuatlán atraído por el trabajo en el aserradero de Sánchez Monroy a los 22 años. Jesús también llegó en su juventud de Cintalapa, Chiapas. Al sumarse a la lucha de los zoques de San Miguel obtuvieron tierra y se convirtieron en comuneros defensores de la selva.
“Llegué sin nada, sólo con ganas de trabajar. En la zona sólo estaba el ganado, mucho, de la empresa y el aserradero. Entendimos que la tierra no era de ellos, pero ellos la destruían, así que nos organizamos y peleamos. Hoy tengo un terreno que siembro y defiendo.”, dice satisfecho Alberto Ramírez sentado en una banca.
Jesús Cruz , asienta afirmativamente a todo lo que Alberto cuenta, y agrega que todos están felices con la decisión de los jueces. Para él los rencores quedaron en el pasado y dice que a partir de ahora sólo les queda construir la paz con sus hermanos de los ejidos asentados en tierras comunales de Oaxaca y un día verlos reunidos debajo del encino.
