Asegura Fiscal que se vigilará al gobierno de Murat durante el proceso electoral

El fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, aseguró que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa estará “bajo la lupa” durante el proceso electoral, con el fin de sancionar a cualquier servidor público de su administración que incurra en el uso de recursos públicos o programas sociales para beneficiar a algún candidato o partido político.

Las reuniones y conferencias que se iniciaron esta semana y que organiza dicha instancia, dijo, van precisamente dirigidos a los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en las cuales informales sobre qué pueden o no hacer durante el proceso electoral y en qué casos se incurre en delitos electorales.

También para advertirles que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) “estará muy pendiente para investigar y sancionar a los responsables de algún delito electoral”.

“Lo que tenemos que hacer en Oaxaca en materia electoral y en todos sentidos, es que las cosas si pasan, que quien comete delitos, ilícitos, que el que causa desmanes, esas conductas tienen una consecuencia y ese es el caso de las acciones penales”, sentenció.

Rubén Vasconcelos rechazó que se brinde protección a servidores públicos o a la administración del gobernante y partido político en turno, en este caso hacia el gobernador Alejandro Murat y hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“A nosotros se nos dotó de autonomía institucional, el fiscal general fue nombrado por el Congreso del Estado, la Fiscal especializada fue nombrada por el congreso, es decir, tenemos legalmente autonomía para realizar nuestras funciones.

“No dependemos de ningún otro poder, la Fiscalía no es poder Ejecutivo. En los hechos estamos haciendo nuestros procesos de investigación sin depender de las decisiones políticas de nadie, ni del Gobernador ni del Poder Legislativo ni del Poder judicial”, sostuvo.

El Fiscal aseguró que si se cuentan con los elementos de prueba en los cuales algún servidor público del actual gobierno y de cualquiera de los tres poderes incurra en delitos electorales con la utilización de su cargo para la inducción del voto o a través del condicionamiento de programas sociales, entre otros, las “investigaciones se judicializarán”; es decir, que los imputados, sin importar su cargo serán vinculados a proceso.