Investigan a 9 constructoras por defraudar tras el sismo del 7S en Oaxaca
Profeco acumula 25 quejas de damnificados porque casos no se denuncian; domicilio de éstas empresas resultó ser falso
Lidia López, originaria de Juchitán de Zaragoza, junto con decenas de damnificados que dejaron los sismos de septiembre en el Istmo de Tehuantepec, participó en una protesta en la ciudad de Oaxaca para denunciar que fueron víctimas de fraude.
La empresa constructora Soinsa S. A. de C. V., a cargo el ingeniero Luis Manuel Solana Acevedo, se ofreció a construir su vivienda a cambio de un anticipo de 70 mil pesos, pero los trabajos nunca se llevaron a cabo. Hace cinco meses, Lidia y su familia decidieron interponer la demanda penal ante la Fiscalía General de Oaxaca, pero hasta ahora no hay ningún resultado.
No es el único caso
En total nueve empresas, además de personas físicas y morales, son acusadas de defraudar a decenas de damnificados que perdieron sus viviendas por los sismos, según un recuento elaborado por EL UNIVERSAL.
Aunque el número de víctimas podría ser mayor, sólo 55 personas han denunciado: 25 se presentaron ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y otras 30 ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
En ocho de las nueve empresas señaladas se presume que se trata de constructoras “fantasma”, porque en los domicilios que reportaron en los contratos o convenios con las víctimas no se encuentran establecidos y no ha sido posible localizar a los responsables de cada una de ellas.
La delegada de Profeco en Oaxaca, Rebeca Cervantes Navarro, informa que las empresas a las que se han dirigido las 25 quejas sí pertenecen al rubro de la construcción y proyectos de vivienda.
“Se me hacen realmente pocas [las 25 quejas] para el nivel de denuncias que se hacen a través de los medios de comunicación, no es que esas no sean reales, sino que los afectados no aterrizan la queja formal ante la Profeco”, dice la funcionaria.
Las constructoras denunciadas ante la Profeco son Fernando Suárez Escudero —persona física—, Edificaciones e Infraestructura Ortiz S. A. de C. V., Erick David Ramírez Pérez, Grupo Rawmar Constructoras S. A. de C. V., Consultoría a Comunidades S. A. de C. V., M-L Obras Civiles S. A. de C. V., Cecilio Sánchez Jiménez y Solana Ingenieros S. A. de C. V. En todas ellas, afirma Rebeca Cervantes, el domicilio que reportaron no es el de la empresa.
A estas se suma Soinsa S. A. de C. V. que fue demandada ante la Fiscalía General, junto con dos constructoras más, que reportó la delegación de Sedatu en Oaxaca y que acumulan alrededor de 30 quejas ante la dependencia federal.
Rebeca Cervantes, titular de Profeco, explica que en todos los casos el domicilio de las empresas señaladas no corresponde a cómo están registrados en los documentos que firmaron a las víctimas.
“Tenemos los nombres de las empresas, pero también hemos tenido un problema en la localización. Al parecer, su forma de trabajo es no tener un domicilio establecido. Hemos enviado las notificaciones para emplazarlos para que se presenten en la delegación e iniciar el procedimiento formal, pero el domicilio no coincide”.
La mayoría de las quejas, agrega, se refieren a que las constructoras no cumplieron con el contrato de la terminación de la obra, que dejaron a la mitad los trabajos y ya no regresaron, o que les dijeron un costo a los damnificados, pero tras entregarles el dinero les argumentaron que no alcanzaba para terminar la obra convenida.
“Al final es incumplimiento. Fueron empresas que engañaron a los consumidores de la región, que los defraudaron y que no hubo una institución que les diera el seguimiento”, expresa la delegada.
Sobre las denuncias que sólo se han quedado en los medios de comunicación y no se han formalizado, pese a la instalación de módulos de quejas y los operativos que Profeco realizó en la región, la dependencia, explica, no puede actuar de oficio. Por eso recalca que los afectados deben formalizar sus denuncias, no sólo para iniciar con la investigación y procedimiento, sino también para conocer el motivo, en contra de quién o de quiénes, el monto del fraude y los documentos que comprueben la relación entre el consumidor y la empresa constructora o persona física que haya ofrecido el servicio y no haya cumplido.
“Cuando estuvimos en Juchitán llegó una camioneta llena de consumidores a gritar consignas con carteles, se pusieron enfrente de la mesa receptora de Profeco y decían que eran defraudados. Jalonearon a los trabajadores, les tomaron fotografías, pero terminaron su manifestación, se subieron al carro y se fueron. Ya no formalizaron la queja”, relata Rebeca Cervantes.
Ante la incapacidad de ubicar a las constructoras señaladas, la delegada de la Profeco asegura que se ha notificado al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que se investigue a las empresas y personas físicas, así como a delegaciones de la Profeco en otras entidades del país, donde reportaron tener sus domicilios, con el fin de poder localizar a los responsables.
