En el marco de los foros estatales y nacional sobre ciencia y tecnología, resulta muy importante escuchar las voces de quienes integran la comunidad científica y que éstos no queden como espacios marginales en el gran proceso de consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República.

El desarrollo no puede ocurrir si no hay generación de conocimiento y, por ello, es relevante revisar de manera autocrítica nuestra historia en la materia; más aún cuando salta a la vista la miopía de los distintos gobiernos que nos precedieron, los cuales asignaban menos del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al rubro de ciencia y tecnología.

En la administración de Enrique Peña Nieto el gasto en investigación y desarrollo experimental osciló entre el 0.48 y 0.54%, muy por debajo de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente. Incluso, dicha inversión es inferior a las aportaciones que realizan países como Brasil, Argentina y Costa Rica.

No sólo es necesario una política de financiamiento adecuada a las necesidades, sino también una de respaldo institucional que considere las condiciones de quienes se dedican a la investigación y la pertinencia de los distintos proyectos con viabilidad de las características de cada región del país, de sus recursos naturales, sus problemas sociales y las necesidades de generar diagnósticos claros sobre dichas realidades para tener propuestas de solución.

Entre los problemas resaltan las latentes disparidades en la capacidad científica y tecnológica de las distintas entidades y regiones del país; por ejemplo, si consideramos que más del 70% de la generación de conocimiento proviene de instituciones públicas del centro del país y de las zonas metropolitanas del norte y occidente. En ese esquema de centralización, las instituciones del sur prácticamente no existen y la mayoría de los académicos cumplen funciones de docencia.

Según el Informe general del estado que guardan la ciencia, tecnología e innovación (2017), más del 40% de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) se concentran en la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, en contraste de entidades como Oaxaca, Campeche, Nayarit, Guerrero, Campeche y Quintana Roo, donde tienen menos. Nueve entidades suman el 75% de las patentes, encabezando esta lista la Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Nuevo León.

De ahí la importancia de invertir en ciencia y tecnología con una política de descentralización y pertinencia regional, con visión de desarrollo, toda vez que se ha comprobado que los países que invierten en este rubro logran remontar rezagos y disminuir la dependencia respecto de las potencias generadoras de conocimiento.

El economista Gary Becker dice que todos los países deberían estar invirtiendo recursos en la formación de capital humano como clave para el crecimiento y revertir la pobreza. Los países desarrollados son los que se especializan en productos, servicios de alto conocimiento y tecnología de punta, mientras el resto opta por la aplicación de la técnica, la manufactura y la producción de materias primas, como México.

Por ello, es importante reiterar que sólo las regiones que forman cuadros y que invierten en investigación científica serán capaces de adaptarse a las transformaciones globales con base en el conocimiento, la formación de capital humano y el desarrollo de la innovación tecnológica.

Rector UABJO