“Ediles hombres se opusieron a la alerta de violencia de género": SMO

Un diseño erróneo como mecanismo de emergencia, falta de recursos para implementarla, el machismo y resistencia de ediles varones  y el nuevo sistema de justicia penal son los principales obstáculos que ha frenado en Oaxaca la aplicación de la Alerta de Violencia de Género en 40 municipios, asegura a EL UNIVERSAL Ana Vásquez Colmenares, titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO).

En los 365 días que han pasado desde el 31 de agosto de 2018, cuando se declaró la alerta,  organizaciones civiles han contabilizado 127 asesinatos violentos de mujeres, mismos que  exigen que  sean investigados como feminicidios.

Sólo en lo que va del año la cifra es de 90, de los cuales sólo 20 se tipificaron como tal.

Según la resolución AGVM/0472017, la alerta  decretada por la Secretaría de Gobernación (Segob) para 40 municipios de Oaxaca  incluye nueve puntos a cumplir que a su vez se dividen en  10 medidas de seguridad, seis  de justicia y reparación y cinco medidas de prevención. Para satisfacerlos, reconoce la funcionaria, el gobierno estatal se ha visto obligado a enfrentar desafíos para  compensar los vacíos de la resolución.

De acuerdo con la secretaria,  la alerta consiste en que la entidad  debe implementar acciones en coordinación con la federación, establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, y tiene como propósito prevenir y erradicar la violencia de género.

Sin reglas ni recursos
Vásquez Colmenares es puntual cuando afirma que  aunque la alerta señala en su declaración ser  un mecanismo de emergencia, no fue diseñado como tal. Ejemplifica que mientras el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) cuenta con  recursos, un protocolo de actuación y reglas de operación,  la alerta no fue construida así.
 La titular del SMO considera que se trata de una omisión  grave, que complica   la puesta en práctica de la misma en los 18 estados del país donde se ha declarado —que incluyen 410 municipios—, siendo Oaxaca el estado número 13.

“Las acciones tuvieron que implementarse con recursos de 2019, porque cuando se decreta para Oaxaca se hace sin mecanismos de acción y sin recursos. En agosto, los presupuestos ya estaban cerrados. Fue el peor de los escenarios, porque en 2018 no se recibió vía Conavim recursos para la alerta”. En el caso de Oaxaca, agrega, es la Costa   la región en la que se concentra el mayor número de municipios en alerta, con 10; le sigue Valles Centrales, con ocho, y el Istmo de Tehuantepec,  con seis. Además,  en 28 de las 40 localidades la población es predominantemente indígena y en dos, afromexicana.

 El machismo de los ediles

Según la encargada de implementar las políticas  de equidad de género en la entidad, la   primera acción que debía materializarse  era instalar un consejo para la prevención y erradicación de la violencia de género en cada municipio.
 Oaxaca de Juárez fue el primero; sin embargo, muchos municipios mostraron reticencia para aceptar la alerta e instalar sus consejos. Fue hasta el 3 de julio pasado cuando la instalación y capacitación de servidores públicos terminó.

“El último municipio fue Santa María Apaxco. En muchos casos se preguntaban por qué declararon la alerta… en su mayoría fueron ediles hombres los que se opusieron. Además, la renovación de autoridades y la transición de partidos influyó en la implementación. Según lo establece la ley, los municipios deben poner recursos para atender la medida y, en ese sentido, también significó un problema”.

Vásquez Colmenares  también reconoce  que tuvieron que hacerse ajustes a nivel estatal para poner en marcha las encomiendas de la alerta. Una de éstas fue formar una red de abogadas regionales coordinada por la SMO, que se encarga de capacitar a  cabildos y  cuerpos de seguridad en temas de género.

Entre las deficiencias de la disposición, la secretaria enlista que una vez que se declara no existe una medida que indique cuándo  los estados están en condiciones para prescindir de la alerta.

“La alerta fue ideada como un parámetro para que el Estado pusiera atención en la violencia de género. Antes, incluso las entidades  votaban para decidir si se declaraba o no, hasta que se reformó el mecanismo para ello”, afirma.

Pocos avances
La titular  de la SMO resalta que entre los avances está que  los recursos asignados  a esa dependencia  se destinaron a los municipios con alerta: “Faltaría que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se haga un anexo  para atender a la alerta en cada una de las dependencias estatales”, insiste.
Afirma que se detectó   que hay relación entre pobreza y violencia de género, porque las mujeres de comunidades aisladas dependen económicamente de sus violentadores.

Para ello, han rediseñado programas de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh) para dotarlas de  habilidades para fortalecer su economía.
 Entre los avances también están   las mesas de trabajo tanto con municipios como con dependencias, como el DIF y el  IEEPO, a través de comités para la prevención de la violencia de género. Este 30 de agosto cada municipio presentará un informe de los avances en cada localidad que recibió la alerta.

Hasta ahora, 39 de los 40 municipios  con la alerta cuentan con instancias municipales de la mujer, salvo Santa María Apaxco, que  no lo consideró “primordial”.
Además, cada municipio debe tener un punto de atención jurídica y sicológica para mujeres víctimas de violencia, mismos que están en proceso de instalación. En la capital, la SMO atiende a mujeres que han enfrentado niveles medios y altos de violencia.

Para Vásquez Colmenares, los vacíos para atender a las mujeres víctimas no están contenidos únicamente en la alerta de género, sino también en el nuevo sistema de justicia penal adversarial, pues con la presunción de inocencia,  violentadores y  potenciales feminicidas no reciben la prisión preventiva.

“Ante los vicios del sistema penal anterior, con un enfoque de derechos humanos se trabajó muchísimo en los derechos de los imputados, por lo que son las víctimas de violencia las que tienen que luchar por probar sus denuncias, además de sufrir la violencia y sus secuelas”, reprueba.