Acuerdo de AMLO sobre megaproyectos, riesgo para pueblos indígenas del Istmo de Oaxaca
Los pueblos indígenas del sur de Oaxaca, en donde se ejecutan un conjunto de grandes proyectos que engloba al Corredor Interoceánico, no permitirán que ese acuerdo viole sus derechos
Juchitán.— La alarma se encendió a todo lo largo de la franja más delgada de este país. Representantes de organizaciones ambientales, activistas defensores de derechos humanos, del territorio y de los recursos naturales del Istmo de Tehuantepec condenan y rechazan el acuerdo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ese por el que los proyectos de infraestructura que realiza su administración deben considerarse como un tema de seguridad nacional.
Los pueblos indígenas del sur de Oaxaca, en donde se ejecutan un conjunto de grandes proyectos de desarrollo portuario, industrial, energético, ferroviario y carretero, en el marco del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec que engloba al Corredor Interoceánico, no permitirán que ese acuerdo viole sus derechos, expresan por separado dirigentes sociales.
Para el coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, Miguel Ángel García Aguirre, en el mensaje del presidente López Obrador “se percibe un tono similar al del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, del PRI represor”. Y advierte que se corre el riesgo de que suspenda las garantías individuales en caso de protestas. “Es un golpe de Estado fáctico”, afirma.
“Sólo falta que la 4T reviva el artículo 145 que existió en el Código Penal de 1968 y nos convierta en disolutos”, dice extrañado de intelectuales y militantes que se dicen de izquierda y no dimensionan los riesgos de este acuerdo presidencial.
“No entiendo todavía cómo hay intelectuales, académicos, no digo el pueblo que le tiene rencor al PRIAN y que festeja todo lo que AMLO hace, pero militantes que se dicen de izquierda, cómo no renuncian o denuncian esos riesgos que debilitan la vida democrática, alientan la opacidad y, con ello, facilita la corrupción”, señala.
En el Istmo, asegura el defensor ambiental, dicho decreto se va a encontrar una “resistencia indígena muy fuerte”, porque el panorama es “terrible y peligroso”, y abre las puertas para la suspensión de garantías y la violación de los derechos humanos ante protestas campesinas, como bloqueos y mítines, hasta llegar a la represión. El escenario, añade, es peligroso para el Istmo y para todo lugar del país donde haya megaproyectos.
El temor de ambientalistas y activistas no es infundado. Apenas este lunes el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín, explicó que el Acuerdo que declara como de interés público y seguridad nacional, todos los proyectos del gobierno federal, no solo facilitará la reducción de los trámites y tiempos que impiden el avance de las obras, sino también garantizará la intervención veloz de la autoridad para contener probables bloqueos carreteros.
“Esto nos va a ayudar a hacer más ágil la tramitología y por el otro, pues el que se declaren instalaciones estratégicas los proyectos, también nos ayudan a que puedan intervenir inmediatamente las autoridades en caso de bloqueos y este tipo de cosas”, dijo en referencia a protestas y cierres carreteros, característicos de la región del Istmo de Tehuantepec.
Para Betina Cruz Velázquez, representante de la Asamblea Popular por la Defensa de la Tierra y el Territorio del Istmo, con dicho acuerdo, las consultas y las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) pasarán sin problemas, no serán obligatorias, y con ello se violan la Constitución, leyes reglamentarias y convenios internacionales.
La activista precisa que el acuerdo atropella derechos de los indígenas y por esa razón, dice, los defensores de la tierra y del territorio alistan amparos y controversias, con la finalidad de impedir que prosperen esas “políticas autoritarias” que atentan contra las libertades.
Según información del propio gobierno federal, el Plan para el Desarrollo del Istmo contempla la modernización del Tren Transístmico; la construcción de un gasoducto desde Jáltipan, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca; la modernización de los puertos comercial y petrolero de Coatzacoalcos y Salina Cruz, y la instalación de 10 parques industriales, entre otras megaobras.
La preocupación de activistas y defensores del territorio de los pueblos del Istmo sobre estas obras es mayúsculo, sobre todo porque la inversión federal prevista para 2022 en el área del Corredor Interoceánico supera los 10 mil millones de pesos, recursos cuyo ejercicio debe transparentarse.
Y porque la mayor parte de esos megaproyectos que se ejecutan en el Istmo aún no terminan sus procesos de consulta, que dejaron inconclusos el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde marzo de 2020, amparados por la suspensión de asambleas por la pandemia. Mientras tanto, las obras del tren, por ejemplo, continúan pese al rechazo de comunidades ayuujk y campesinos.
Tan sólo en el tramo de 56 kilómetros que comprende el poblado de Mogoñé (San Juan Guichicovi), a Ubero (Matías Romero), los trabajos de cambio de durmientes, rieles, cortes
de curvas y pendientes del Transístmico, a cargo de la empresa La Peninsular, de Carlos Hank Rhon, están suspendidos por acuerdo de asambleas campesinas desde junio de 2020.
Para el asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres, suprimir la consulta, los estudios de impacto ambiental, los permisos de cambio de uso de suelo, violentando derechos que por años la sociedad ha ganado, es una “clara expresión del desprecio a la legalidad y una muestra de autoritarismo”.
El acuerdo, explica Beas Torres, no se reduce a un aspecto administrativo, como el Presidente quiere minimizarlo, sino va más allá.
Advierte que la 4T le está ocultando algo peligroso a los
istmeños: como la CFE ya no hace obras y no tiene dinero para ellas, la construcción del gasoducto estará ejecutada por dos compañías estadounidenses.
Irma Pineda Santiago, representante de los pueblos indígenas de México en la ONU, dice que el acuerdo da margen a que las empresas despojen a los pueblos de sus recursos y pasen por alto las consultas: “Nos parece grave para las comunidades indígenas. Hay riesgo de que se omitan consultas libres, previas e informadas, lo que atropellaría derechos humanos, ambientales y a la consulta”.
