Denuncia Congreso Indígena ataques armados e impunidad tras contaminación de mineras en Oaxaca
Entre los casos que mencionan está el de El Rebollero, comunidad de San Pablo Cuatro Venados, región Valles Centrales, a la que se le ha intentado despojar de sus tierras mediante ataques armados
Oaxaca de Juárez.- Pueblos, comunidades y colectivos del Congreso Nacional Indígena en Oaxaca y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, se declararon en resistencia contra los proyectos que atentan contra el agua, el territorio y la vida en sus comunidades.
En conferencia de prensa denunciaron la ausencia de justicia y la impunidad “en un contexto de despojo y violencia hacia las comunidades”.
Entre los casos que mencionan está el de El Rebollero, comunidad de San Pablo Cuatro Venados, región Valles Centrales, a la que, aseguraron, se le ha intentado despojar de sus tierras mediante ataques armados.
Tan sólo en la última semana, del 10 al 16 de abril, afirmaron que un grupo paramilitar atacó las viviendas de las familias de la comunidad.
De estos ataques hicieron responsables al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a las autoridades de Cuilapam de Guerrero y San Pablo Cuatro Venados; y los responsabilizan de cualquier agresión más hacia sus territorios y familias.
También responsabilizan a la empresa canadiense Continuum Resouses Ltd, quién ha sido concesionada para realizar exploraciones en su territorio, contaminando el Río Valiente “quién sostiene la vida proveyendo de agua nuestra comunidad y otras comunidades.
Queda asentado que por el incremento de la violencia paramilitar la Caravana por el Agua y la Vida decidió no arribar a la comunidad por seguridad”.
Otro caso es el de Santa María Zapotitlán. En el año 2014, explicaron, el pueblo chontal se enteró de la existencia de una concesión minera denominada «Zapotitlán 1» con una extensión de 5 mil 413 hectáreas a favor de la empresa minera Zalamera S.A de C.V que está vinculada a la empresa canadiense Minaurum Gold INC.
En diciembre del año 2018 se inicia un juicio de amparo en contra esa concesión impulsada por la comunidad de Santa María Zapotitlán con el respaldo de la asamblea del pueblo chontal para de la defensa de nuestro territorio.
El 23 de enero de 2020 la empresa le solicitó a la Secretaría de Economía (SE) el desistimiento de la concesión minera en el territorio chontal (mientras seguía el juicio), pero en ese mismo año la misma SE le autorizó el desistimiento de la concesión a la empresa.
“Sin embargo en revisiones recientes del mes de abril de 2022 en la plataforma en línea de «CartoMinMex» se observa que el polígono señalado sigue reflejado en dicha cartografía. El territorio chontal sigue en riesgo, con altas posibilidades de la existencia de una declaratoria de terreno libre por parte de la Secretaría de Economía”.
De igual manera mencionaron el derrame provocado por la minera Cuzcatlán en San José del Progreso y las obras realizadas sin manifestación de impacto ambiental que no han sido sancionadas por el daño causado al contaminar el río.
“Por el contrario, se ampliaron los permisos a otros 12 años más. Mientras que la empresa Don David Gold México S.A de C.V filial de la estadounidense Gold Resource Corporation (GRC) no ha sido fiscalizada por sus impactos ambientales”.
Y finalmente, denunciaron que en la Sierra Mazateca han resistido frente a los proyectos como las exploraciones extranjeras, el saqueo y bioprospección en cuevas y sótanos dónde hay agua, y denunciaron la biopiratería, en específico con plantas y hongos enteógenos.
“También denunciamos a los partidos políticos y el gobierno municipal de Huautla de Jiménez de entregar de generar conflictos y propiciar rupturas internas en las comunidades a través de sus allegados a fin de obtener mayor control político”, señalaron.
