Opinión

“Sigamos haciendo historia”, así denominaron a la propuesta política para darle continuidad al proyecto de gobierno de López Obrador y que más de 30 millones de votos de la ciudadanía avalaron en las urnas. ¿Cuántos de estos votantes avalaron con ello la política que afianza el ejercicio y la impunidad de la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos?

No es casualidad que al final del sexenio se haya revelado que Carlos Loret de Mola, su esposa y Victor Trujillo “Brozo” así como los directivos de Latinus están siendo hostigados por la Unidad de Inteligencia Financiera.  Santiago Nieto Castillo, extitular de la UIF, a quien consulté para esta columna, señala que “la denuncia que se presentó, en donde se menciona a Latinus, es por desvío de recursos en materia de salud. Estaba relacionada con los procesos que en ese momento tenían el SAT y la UIF”.

En este sentido la UIF, cuando Santiago Nieto estuvo al mando, según él mismo señala, tuvo conocimiento de una denuncia en la que el medio estaba mencionado junto con Federico Madrazo y Alexis Nickin. En sus propias palabras “se encontró efectivamente que el gobierno del Estado de México y el gobierno de Michoacán, donde Marco Antonio Estrada Castilleja era el secretario particular de Silvano Aureoles, habían participado en el financiamiento de Latinus”, así como Miguel Alonso Olamendi. Sin embargo, agrega que “en ningún momento, por lo menos durante mi administración, se hizo una sola revisión a periodistas. Si con fecha posterior a mi administración se utilizó la información del sistema financiero para congelar cuentas de periodistas o para hostigarlos es algo que desconozco en virtud de que no tengo relación alguna con el señor Pablo Gómez”.

Independientemente de que no se ha demostrado que el financiamiento gubernamental sea de carácter ilícito, todo indica que Pablo Gómez a diferencia de Santiago Nieto, no procedió a investigar en razón de una denuncia, sino del interés del gobierno por presionar al medio y a sus dos más importantes comunicadores.

El otro caso emblemático es el intento de homicidio contra Ciro Gomez Leyva. Sobre este tema Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, señala que “preocupa mucho que el gobierno federal solo tenga reacciones de apoyo positivas cuando se habla de medios grandes, mientras se estigmatiza a la prensa en los estados de la República en el día y sus casos quedan en la impunidad”.

“Derechos Pendientes” es el informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México que publicó esta semana Artículo 19. Con datos reveladores muestran el debilitamiento de algunos derechos a partir de la negligencia gubernamental por ofrecer información de carácter público a la ciudadanía. Por ejemplo, explica lo determinante que fue la desinformación para la población afectada por el huracán Otis. El informe también señala que, en el caso de la crisis de desapariciones, la falta de registros fidedignos y de acceso abierto, así como la falta de escucha a las familias y la obstaculización de su participación, imposibilita la búsqueda. Lo más doloroso es el registro de 17 personas buscadoras asesinadas y desaparecidas en el sexenio de López Obrador, de las cuales 13 son mujeres y siete son madres buscadoras.

El informe contabiliza, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2024, 3,408 agresiones contra la prensa, cifra que incluye al menos 44 periodistas asesinados y la desaparición de cinco. Esto implica 18 categorías de agresiones, por ejemplo intimidación y hostigamiento, amenazas, uso ilegítimo del poder público, ataques físicos, ataques a bienes materiales, privación de la libertad, allanamientos, asesinatos, desplazamientos. Una de las agresiones más preocupantes son las que responden a la estigmatización de la prensa desde Palacio Nacional.

En este contexto el tema que marcará el sexenio de López Obrador es sin duda la continuidad de la violencia contra la prensa y los defensores de derechos humanos. La persecución de la actual UIF a Latinus, Mexicanos contra la Corrupción y otros colegas periodistas es prueba fehaciente del interés presidencial por acosar periodistas. Ojalá que un día de estos, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dedique un espacio a las víctimas, a las organizaciones o a los medios de comunicación para explicarles si la continuidad de su proyecto será tambien la violencia en su contra.

@MaiteAzuela