Opinión

La semana pasada presenté aquí la historia de Jessica, una mujer que en 2013 fue detenida por la entonces PGR, torturada sexualmente y liberada 10 días después por no haber prueba para acusarla. Jessica tuvo por unos días la esperanza de la justicia por fin llegara, pues la Agente del Ministerio Público que la recibió en su detención y quien según su relato es quien habría dado la indicación de torturarla, se entregó la semana pasada ante el Juez de Distrito con sede en el Reclusorio Norte.

“Desde el momento en que me dieron la noticia que la Fiscal se había puesto a disposición frente al Juez, esperé que se hiciera justicia”, relata Jessica.

Pero el pasado 29 de junio el Juez resolvió dejar en libertad a la Agente del Ministerio Público por falta de pruebas. No obstante de que, en su propia resolución, el Juez recuperó las pruebas que confirman que Jessica fue víctima de tortura sexual.

La historia de Jessica es la fotografía de la impunidad en México. Para el Poder Judicial Federal no hay duda de que Jessica fue torturada sexualmente, lo que no hay –asegura la resolución– son pruebas para que las y los perpetradores asuman su responsabilidad penal por los hechos.

¿De quién es culpa, entonces, que el caso de Jessica quede en la impunidad? Definitivamente, la respuesta no puede reducirse a que el juez de distrito adscrito al Reclusorio Norte tomó una mala decisión.

La tortura sexual que sufrió Jessica fue en el año 2013. El personal de la entonces PGR que la detuvo sin pruebas y que tenía que garantizar su integridad, es el mismo con quien el juez tuvo la deferencia de confiar en su testimonio respecto a que no torturó o no supo nada de los actos de tortura contra ella. ¿Por qué se les habría de creer?

En la resolución, el Juez recupera incluso un dictamen en materia de genética practicado a la ropa de Jessica en el que se concluyó que una persona del sexo masculino eyaculó sobre sus prendas.

Otro dictamen en materia de psicología, también conocido y citado por el Juez en su resolución, determinó que Jessica “presenta un trastorno de estrés postraumático y un episodio depresivo mayor, mismos que se encuentran relacionados con los hechos que se investigan, dicha sintomatología, se encuentra documentada en los sobrevivientes de actos de tortura”.

Siguiendo el tan repetido argumento que se ha presentado en estos días durante los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial habría que plantearnos lo siguiente: Si las personas que Jessica señaló de haberla torturado forman parte de la Fiscalía General de la República y de la Policía Federal Ministerial, sumando que hay pruebas científicas que confirman el delito, ¿quién compró a la justicia en el caso de Jessica? ¿Algún oligarca interesado en que los torturadores queden en la impunidad? ¿o más bien fueron los mismos agentes del Estado que hicieron todo para cometer el crimen perfecto para después convencer a un juez de que no hay pruebas?

Antes de conocer que la Agente del Ministerio Público acusada quedaría en libertad, Jessica me decía: “Tengo fe en que va a hacerse justicia en el juzgado. Me sentiría tranquila saber que esta persona no va a volver a hacer daño. Espero que saber que ya tiene una sentencia me regrese un poco de tranquilidad a mi vida, que el saber que se hizo justicia me dé esa paz, esa sanación que estoy buscando, mentalmente, psicológicamente, saber que el modo de trabajar de esta persona no va a dañar a más personas inocentes”.

Lamentablemente la tranquilidad de Jessica no llegó, le falló a Jessica a pesar de que no hay duda que fue torturada. Y eso no es solo culpa del Juez. Ojalá que los 3,500 millones de pesos que Monreal calcula que costará la elección de juzgadores se lo gastaran mejor en fortalecer las fiscalías y de una vez por todas limpiarlas de torturadores.

@MaiteAzuela