Opinión

El 12 de diciembre de 2006 la nota principal de EL UNIVERSAL fue “Va Ejército contra narco en Michoacán”, en lo que representó el inicio de la presencia constante de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Las acciones se denominaron Operación Conjunta Michoacán y tenían como objetivo capturar a 300 integrantes del crimen organizado. Se preveía la instalación de retenes y puntos de revisión en carreteras, el desmantelamiento de focos de venta de drogas, la realización de cateos y cumplir con órdenes de aprehensión. Para tal encomienda se desplegaron cerca de 7 mil elementos, entre soldados, marinos y agentes, tanto de la Policía Federal Preventiva como de la Agencia Federal de Investigación.

El 15 de enero de 2014 el gobierno federal anunció el nombramiento de un comisionado de Seguridad y Desarrollo Integral para Michoacán, con el objetivo de recuperar “la paz y la confianza” en la entidad. Las facultades del funcionario serían coordinar todas las entidades federales, estatales y municipales “para restablecer el orden” en el estado. En ese tiempo pobladores de localidades afectadas por la presencia del crimen organizado crearon grupos “de autodefensa”; al final fue complicado distinguir entre los que estaban a favor o en contra de las bandas criminales.

Hace poco más de un mes, el 9 de octubre, el gobierno federal presentó el Plan de Apoyo para Michoacán para “garantizar la paz y la tranquilidad” en el estado. Se anunció la presencia de más de 17 mil efectivos (10 mil más que en 2006), entre militares, Guardia Nacional y elementos policiacos.

Tras una evaluación de los 30 días que han transcurrido desde que se puso en marcha el operativo no se vaticina un pronto cambio en la situación. En los programas de años anteriores se documentaba un cambio en la percepción ciudadana y había un descenso en los hechos delictivos, por el simple despliegue policiaco-militar. Ahora, por el contrario, la violencia no cede; los homicidios dolosos se mantienen en los mismos niveles que en los meses previos.

Tres momentos distintos para Michoacán, pero igual número de acciones federales para tratar de contener una realidad persistente de violencia y de incapacidad de las autoridades locales para hacer frente a la inseguridad.

Si no se voltea a ver lo hecho anteriormente para aprender de los errores, la entidad seguirá sumida en la misma problemática, pues la fórmula para resolver la situación es similar, por lo que en el mejor de los casos la seguridad será momentánea, pero no duradera.