Opinión

Muy lejos de la política de reducción de desigualdades para “que nadie quede atrás” en la sociedad de la información y del conocimiento, de la universalidad del internet proclamada por la UNESCO y del acuerdo global de Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), en términos de acceso a las tecnologías y conectividad seguimos observando la persistencia de franjas de exclusión en el sureste mexicano.

Los grandes acuerdos estatales resultan favorables para el  acceso igualitario a las tecnologías que eliminen barreras de distancia y de tiempo,  mejoren la comunicación entre todos y promuevan sociedades pacíficas e inclusivas en el acceso a la justicia, sin ningún tipo de exclusión o discriminación que violan los derechos humanos, pero queda pendiente el hecho de que así ocurra, de que la tecnología contribuya al mejoramiento de la vida y que las personas participen en las decisiones que les afectan.

La cuestión es cómo cerrar brechas entre quienes tienen acceso a las tecnologías de información y comunicación y quienes no lo tienen, como una condición que garantice igualdad en los derechos humanos, en las actuales condiciones, de persistencia de desigualdades en el ámbito global, al interior del país, entre regiones y entidades federativas y sobre todo, entre sectores sociales.

Si bien desde hace varios años se ha legislado al respecto con la existencia de un marco jurídico para garantizar el derecho de accesibilidad a internet, el problema está en su implementación, en tanto la exclusión persiste. Al respecto, se recuperan los aportes del “Informe sobre brecha digital, desigualdad y desinformación. La situación de Oaxaca y Chiapas”, de Jonatan Rodas, auspiciado por Artículo 19 y la Fundación Friedrich Naumann Stiftung.

En el balance se documenta que estas entidades, además de ser desiguales respecto al país, son desiguales en su interior, y que además, ante la pandemia el problema se ha profundizado afectando a comunidades rurales, pueblos y ha relegado aún más a las mujeres indígenas quienes han quedado en actividades de cuidado de familias y comunidades ante la contingencia sanitaria. El teletrabajo no ha sido para todos, para ellas ha existido un aumento de cargas en los hogares y también podría hablarse de brechas digitales de género.

Las repercusiones de la pandemia se sumarían a las acumuladas si consideramos que, de acuerdo a informes oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2008 y 2018 en Oaxaca el porcentaje de mujeres en pobreza aumentó en un 5.4% (equivalente a 1,422,220 mujeres) en comparación con el grupo de hombres, cuyo aumento fue de 3.6%.

La investigación cita que “la conectividad en Oaxaca y Chiapas suele concentrarse en las zonas urbanas, en detrimento zonas rurales —donde el acceso a la conectividad suele ser nulo—. El balance general de las cifras oficiales establece que, en México, existen 531 cabeceras municipales que se encuentran fuera de las zonas de cobertura de redes de telecomunicaciones fijas y móviles de banda ancha. Oaxaca y Chiapas acumulan el mayor número de estas localidades sin acceso a conectividad”.

Respecto a la gestión de alternativas, más que decisiones gubernamentales de carácter unilateral limitadas al acceso a tecnologías para reducir brechas, se tendrían que trazar procesos dialógicos y de autogestión con los actores sociales para identificar necesidades y expectativas, que incluyan contenidos con sentido de pertinencia social, cultural y lingüística ante los distintos contextos locales y regionales.
Reducir la brecha digital con perspectiva de derechos humanos implica, además del equipamiento y la conectividad de quienes han permanecido excluidos, “la creación de condiciones para que los propios grupos y comunidades fortalezcan su papel protagónico en el diseño y gestión de sus formas y medios de comunicación”.  

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