Opinión

Meses antes de que 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos desaparecieran en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, la procuraduría del estado, a cargo de Iñaky Blanco Cabrera, había entregado a la PGR y al Cisen un conjunto de nombres, números telefónicos y posibles domicilios de diversos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, así como información que involucraba al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, con el narcotráfico.

En la información entregada por Blanco Cabrera figuraban los datos de quienes formaban parte de la célula de Los Tilos o Los Peques –que jugaron un papel central la noche de la desaparición de los alumnos–, así como las declaraciones de los testigos Nicolás Mendoza Villa y Ernesto Pineda Vega, que daban cuenta de la operación del grupo delictivo.

De acuerdo con la declaración que el exprocurador rindió ante la Fiscalía General de la República el 1º de octubre de 2019 –a cuya copia tuvo acceso el columnista– la entrega de estos datos ocurrió en diversos momentos y a través de diversos actores.

Entre 2013 y 2014, personal de la procuraduría del estado se reunió varias veces en la Ciudad de México con el titular de la SEIDO, Gualberto Ramírez. La información fue entregada también al entonces delegado del Cisen en Guerrero, José Miguel Espinosa Pérez, así como a Óscar Monroy y Miguel Robles Bárcena, coordinador general y secretario general de ese centro de investigación, respectivamente.

Blanco asegura que también se proporcionó informes sobre el tema al coordinador estatal de la Policía Federal, Omar García Harfuch, hoy secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México.

La declaración del exprocurador refiere que el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, le había insistido al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, que era necesario que se realizasen “las diligencias correspondientes para detener a José Luis Abarca, en el entendido de que el gobierno federal contaba con información relativa a los vínculos o involucramiento de esa persona con Guerreros Unidos…”.

Murillo Karam pidió que las autoridades estatales contactaran a la subprocuradora jurídica y de asuntos internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, pero esta les indicó que el asunto de Abarca “continuaría siendo tratado directamente con la SEIDO”.

“Ante la falta de respuesta certera por cuanto al momento en que la PGR procedería en contra de José Luis Abarca”, declaró Blanco, el tema volvió a tocarse en dos reuniones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, ocurridas el 10 y el 20 de mayo de 2014, cuatro meses antes de la tragedia de Iguala.

“El de la voz platicó con el procurador Murillo, quien me indicó que había dado instrucciones sobre el tema al licenciado Rodrigo Archundia Barrientos, ya entonces titular de la SEIDO”.

Blanco le reiteró a Archundia la solicitud urgente de apoyo en dos ocasiones. Según la declaración, este funcionario reveló al entonces procurador de Guerrero que poseía información que vinculaba a distintos ediles del estado con la delincuencia organizada, “entre ellos, José Luis Abarca”.

El tema de Abarca y Guerreros Unidos volvió a ser tratado ante el Grupo de Coordinación Guerrero, instancia que reunía al delegado de la PGR, Miguel Amelio Gómez; al coordinador estatal de la Policía Federal, Omar García Harfuch; al secretario de seguridad pública del estado, Leonardo Vázquez Pérez, al ya mencionado delegado del Cisen José Miguel Espinosa Pérez, y al secretario de gobierno Jesús Martínez.

Asistían también a dichas reuniones el comandante de la novena región militar, Martín Cordero Luqueño, y el comandante de la octava zona naval, José Rafael Ojeda Durán, hoy secretario de Marina.

Todos estos funcionarios habían oído hablar del involucramiento de Abarca con el narco, y de las actividades de los Guerreros Unidos. El exprocurador asegura que para entonces la dependencia a su cargo investigaba ya fosas clandestinas con osamentas, las cuales habían aparecido en las inmediaciones de Iguala.

En la declaración se lee que en agosto de 2014 el delegado del Cisen presentó en la reunión un documento denominado “Objetivos de Atención Especial”, que había sido preparado a partir de informes del gobierno federal. En ese documento figuraba ya el nombre de José Luis Abarca.

Iñaky Blanco recuerda también que en 2013 hubo varias reuniones del Grupo de Atención a Grupos Subversivos –a las que asistían personal de la Sedena, la Semar, la PGR y la Policía Federal, así como los procuradores de Morelos, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y la Ciudad de México. En esos encuentros se abordó, dice, el tema de los “colectivos estudiantiles vinculados a grupos subversivos y a la delincuencia organizada”.

Como parte de estos grupos fue ubicada la normal Raúl Isidro Burgos: según el documento, en las reuniones del Grupo de Atención a Grupos Subversivos se avisó que los alumnos de Ayotzinapa “eran objeto de tareas de adoctrinamiento y eran empleados para realizar tareas disruptivas o delincuenciales”.

“Había un seguimiento puntual de sus actividades por parte del gobierno federal”, asegura el exprocurador de Guerrero.

Blanco Cabrera acompañó sus declaraciones con acuses de recibo que muestran que entregó a la PGR información sobre Abarca y su vinculación con el crimen organizado, así como datos que la procuraduría había obtenido tras el asesinato del líder de la Unión Popular Igualense, Arturo Hernández Cardona: datos que involucraban a Abarca directamente con dicho homicidio.

La declaración del exprocurador prueba que el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo varios meses para detener a Abarca, intervenir en Iguala, desactivar o desarticular a los Guerreros Unidos: evitar la tragedia cuya sombra, tantos años después, el país sigue arrastrando.