“No queremos que el pueblo juchiteco regrese a las historias del pasado, donde las familias se dividieron por la política, no deseamos que en Juchitán se rompa el clima de estabilidad, y menos que volvamos al atraso, sobre todo ahora que vienen importantes inversiones del gobierno federal”, dijo el excandidato de Redes Sociales Progresistas (RSP), José Antonio Marín, quien el jueves reconoció que “ya hay un ganador”.
Hace tres años, en 2018, en medio de la euforia que presagiaba el triunfo de la 4T, los aliados del obradorismo arroparon la candidatura del actual presidente municipal, quien en la búsqueda de la reelección optó por aceptar la invitación del PT, cuando se enteró de que Morena cedería la candidatura a un sector del magisterio de Oaxaca, identificado con el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Este 2021, los viejos aliados del obradorismo caminaron por senderos diferentes: Morena llevó como candidato al exdirigente magisterial Héctor Pineda, y el Partido Encuentro Solidario (PES) a la expresidenta municipal y actual diputada local de Morena, Gloria Sánchez.
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Tras el recuento oficial de los votos en la sede del Consejo Municipal Electoral, Emilio Montero Pérez (PT) ganó con 17 mil 276 votos, seguido por Héctor Pineda (Morena), con 15 mil 798. Ahora, los perdedores alegan fraude electoral y anuncian que acudirán a los tribunales.
Entre los dirigentes de las diversas fracciones de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) que apoyan las acciones de resistencia están los expresidentes municipales Héctor Sánchez, Leopoldo de Gyves, Roberto López y Alberto Reyna, quienes mantienen la narrativa del fraude electoral y que el pasado jueves movilizaron a sus seguidores durante el recuento de los votos y protagonizaron un zafarrancho con policías estatales que resguardaban la sede electoral.
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“Vamos a ir a los tribunales para denunciar que hubo fraude electoral, que se dio la compra de votos, que hubo amenazas en contra de los votantes”, dijo el coordinador de la campaña de Héctor Pineda, Manuel López Villalobos, quien asegura que presentarán todas las evidencias.
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“Están en su derecho, qué bueno que retomen el camino de la legalidad, pero lo que no se vale es que quieran confrontar al pueblo”, respondió Emilio Montero, quien explicó que a través del Consejero Jurídico de la Presidencia de México, Julio Scherer Ibarra, y del titular del Corredor Interoceánico, Rafael Marín Mollinedo, le ha informado al presidente López Obrador que sus aliados están poniendo en riesgo el clima de estabilidad que requieren las inversiones de la 4T en Juchitán.
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Además de los recursos destinados a la reconstrucción del palacio municipal y de otros edificios públicos dañados por el terremoto de 2017, el gobierno federal aplicará 200 millones de pesos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) en Juchitán, y mil 200 millones de pesos más para sustituir toda la red del drenaje municipal, que también se dañó con el sismo de hace cuatro años.
“Nadie tiene derecho de obstaculizar esas inversiones”, advirtió Emilio Montero, presidente en funciones que ya recibió su constancia de mayoría.
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