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“Pues pedirle al gobernador que atienda esta resolución y pedirle a las dos comunidades que ya lleguen a un acuerdo, que partir de esta resolución ya se reconcilien y se resuelva el problema, por lo menos una parte, porque hay un asunto agrario pendiente… el problema del agua, ojalá”, expresó López Obrador.
También le pidió al gobernador de Oaxaca que ayude a convencer a los involucrados a que acaten la sentencia definitiva, de no hacerlo se tendría que recurrir a la fuerza pública o remover a las autoridades, opciones que rechazó dado que harían que se extendiera el conflicto.
“Le pedimos a Alejandro Murat, para que él intervenga, se cumpla la resolución y se cuide el procedimiento legal y convenza”.
Lo anterior lo dijo dado que considera que la comunidad a la que hace referencia la sentencia (Tamazulápam) podría no aceptar el fallo y declararse “en rebeldía”, en cuyo caso, detalló, se tendría que aplicar la resolución con el uso de la fuerza pública o quitar a las autoridades.
“Si ya hay esa resolución y ya es definitiva, que hoy mismo vayan servidores públicos de Oaxaca a hablar con las partes, que se los pedimos a los dos pueblos y que demuestren que son capaces de perdonar, que nos den una lección a todos… porque nosotros no podríamos usar la fuerza, no nos correspondería… no quiero que se use la fuerza, lo que quiero es el diálogo con compromiso”.
El Presidente aseguró que la autoridad siempre tiene que buscar actuar con justicia y no inclinar la balanza, pues aseguró que una organización social puede defender o estar a un lado de un grupo, pero que desde el gobierno se debe buscar el diálogo para resolver conflictos en paz, aunque haya una resolución legal de por medio.
Agregó que la gente “es muy prudente y muy sabia, y nos tiene confianza” y deseó que “con ese llamamiento se resuelva ese asunto”. Además, adelantó que este jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dará a conocer hoy una recomendación sobre el tema.
Dicha sentencia fue la que ratificó y dejó en firme un tribunal colegiado este 2021, tras cuatro años de lucha legal y es la que los pobladores piden que se ejecute y cumpla “sin condiciones” en un periodo de tres días hábiles, como lo indica el fallo, mismo que vence el próximo 12 de julio.
