Exhorta CNDH al gobierno de Oaxaca a investigar asesinato de activista triqui
De la misma forma, solicitó al gobierno estatal garantizar la procuración y administración de justicia y privilegiar el diálogo para la paz con los pueblos y comunidades indígenas Triquis
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Gobierno de Oaxaca realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato de Epifanio de Jesús Martínez, originario de una comunidad Triqui y miembro de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
De la misma forma, solicitó al gobierno estatal garantizar la procuración y administración de justicia y privilegiar el diálogo para la paz con los pueblos y comunidades indígenas Triquis.
La CNDH señala que el los habitantes de esta zona indígena de Oaxaca están sujetos a constantes violaciones a sus derechos humanos, derivado de una serie de conflictos de origen multifactorial, agravados por hechos violentos, asesinatos, desplazamiento forzado, pobreza y marginación.
Epifanio de Jesús Martínez sufrió un atentado el pasado 13 de octubre de 2020 alrededor de las 16:00 horas en el paraje conocido como Loma de Cuervo en la comunidad de El Diamante. El 15 de octubre falleció en el hospital general de Santiago Juxtlahuaca a causa de las heridas de bala que sufrió en el ataque armado.
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Tras su asesinato, integrantes de la Ubisort y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) bloquearon por más de 10 días la carretera que conecta a diversas comunidades indígenas de la zona con la cabecera municipal de Santiago Juxtlahuaca; ello para exigir justicia y la aprehensión del responsable, de quien aseguraron está plenamente identificado y presuntamente relacionado con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).
El organismo de derechos humanos señaló que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, sin excepción y en cualquier orden de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen el deber jurídico de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos, en los términos que establezca la Ley.
Mientras que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acentúa la responsabilidad de los gobiernos para proteger y garantizar los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas afectados,
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“En este contexto, la CNDH en cabal cumplimiento de sus facultades y atribuciones constitucionales, reitera su compromiso con la defensa, protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas Triquis, e insta a privilegiar el diálogo y la concertación para garantizar la paz”, finalizó.
