Exhorta CNDH al gobierno de Oaxaca a investigar asesinato de activista triqui

De la misma forma, solicitó al gobierno estatal garantizar la procuración y administración de justicia y privilegiar el diálogo para la paz con los pueblos y comunidades indígenas Triquis

Foto: Especial
Sociedad 01/11/2020 11:08 Juan Carlos Zavala Oaxaca Actualizada 11:08

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Gobierno de Oaxaca realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato de Epifanio de Jesús Martínez, originario de una comunidad Triqui y miembro de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

De la misma forma, solicitó al gobierno estatal garantizar la procuración y administración de justicia y privilegiar el diálogo para la paz con los pueblos y comunidades indígenas Triquis.

La CNDH señala que el los habitantes de esta zona indígena de Oaxaca están sujetos a constantes violaciones a sus derechos humanos, derivado de una serie de conflictos de origen multifactorial, agravados por hechos violentos, asesinatos, desplazamiento forzado, pobreza y marginación.

Epifanio de Jesús Martínez sufrió un atentado el pasado 13 de octubre de 2020 alrededor de las 16:00 horas en el paraje conocido como Loma de Cuervo en la comunidad de El Diamante. El 15 de octubre falleció en el hospital general de Santiago Juxtlahuaca a causa de las heridas de bala que sufrió en el ataque armado.

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Tras su asesinato, integrantes de la Ubisort y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) bloquearon por más de 10 días la carretera que conecta a diversas comunidades indígenas de la zona con la cabecera municipal de Santiago Juxtlahuaca; ello para exigir justicia y la aprehensión del responsable, de quien aseguraron está plenamente identificado y presuntamente relacionado con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

El organismo de derechos humanos señaló que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, sin excepción y en cualquier orden de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen el deber jurídico de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos, en los términos que establezca la Ley.

Mientras que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acentúa la responsabilidad de los gobiernos para proteger y garantizar los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas afectados,

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“En este contexto, la CNDH en cabal cumplimiento de sus facultades y atribuciones constitucionales, reitera su compromiso con la defensa, protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas Triquis, e insta a privilegiar el diálogo y la concertación para garantizar la paz”, finalizó.

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